¿Sabía usted que de las seis causas por las cuales se suspenden los derechos de los ciudadanos mexicanos una es “por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes”? Así lo establece el párrafo IV del artículo 38 de nuestra Constitución. ¿Cuáles son las demás causas? Pues, entre otras, estar prófugo de la justicia y por sentencia ejecutoria, o sea, estar en la cárcel. Esto quiere decir que para el constituyente de 1917 —para su código de valores o moral— eran tan repudiables un borracho o un flojo como un violador, un asesino o un defraudador. Al respecto, me compunge pensar —no en mi caso, desde luego— que nuestros queridos José Alfredo Jiménez o Lucha Reyes no hubieran podido votar (si es que alguna vez lo hicieron).

¿Por qué debería perder sus derechos un bebedor consuetudinario o un vago y no alguien que incumple injustificadamente con las cinco obligaciones que tenemos los ciudadanos, según establecen los artículos 36 y 38 de la Constitución, que son inscribirse en el catastro de la municipalidad, alistarse en la Guardia Nacional, votar en las elecciones populares, desempeñar cargos de elección popular y de consejales?

¿Y la vagancia? Sin empleos, sin escuelas y sin oportunidades suficientes, ¿cuántos millones ya habríamos perdido nuestro derecho a votar? Con este fundamento y en consonancia moral, los reglamentos de Policía y Buen Gobierno de varias entidades y municipios del país —y hasta hace poco el del Distrito Federal— previenen como infracción “la vagancia en forma habitual”, en algunos casos equiparado al no menos ambiguo término de “malvivencia”. ¿Concebimos el Derecho como un medio para hacer buenas a las personas, como un instrumento para regular los conflictos que resultan del ejercicio de sus libertades o como un medio de promoción de equidad y garantía de justicia?

EL MORALISMO DE IZQUIERDA

¿Por qué, por ejemplo, la Constitución no ordena quitar la ciudadanía —y también la nacionalidad— a los funcionarios de la administración pública corruptos y a quienes tuvieron puestos de representación popular y defraudaron a sus representados? ¿No sería esto más acorde con una moral republicana? Evidentemente ha habido un cambio en la jerarquía de valores que como sociedad convenimos deben regir el ámbito de lo público, de las relaciones entre los ciudadanos y de éstos respecto a las autoridades. Inclusive de las autoridades entre sí. La moral ha cambiado tanto que en una sociedad cada vez más liberal y democrática resulta anacrónico el texto constitucional citado. En nuestro tiempo el punto a destacar es que no todos los criterios moralistas que rigen o influyen en la vida pública, o incluso que se entrometen en el ámbito de lo privado, provienen de doctrinas cristianas. También hay una vertiente de moral fundamentalista auspiciada, paradójicamente, por corrientes modernizadoras de la política. La promoción de la secularización de la vida pública ha implicado también la expresión —en forma de prohibición, censura o intolerancia— de expresiones moralistas o puritanas de quienes se definen o se presentan como de izquierda.

El moralismo de izquierda tiene sus orígenes ideológicos en el concepto de enajenación sustentado por el marxismo: se supone que los capitalistas, sean los patrones de las haciendas o los dueños de los “teibols” o de las televisoras, propician el alcoholismo para mantener estupidizada a la clase trabajadora, impidiéndole concientizarse, perpetuando su dominación y evitando cualquier brote revolucionario.

LA PERSECUCIÓN DEL VICIO

Un caso paradigmático es el de Tomás Garrido Canabal. Cuando era gobernador de Tabasco (1921-1925), en época del presidente Plutarco Elías Calles, ordenó la destrucción de todos los templos católicos al mismo tiempo que impuso la prohibición de producir y vender licores, por considerarlos a ambos como medios de enajenación; opio para el pueblo. La Enciclopedia de México retrata así esta faceta de Garrido: “Consideraba que había que liberar al hombre de dos vicios principales: el alcoholismo y la religión; apasionado enemigo del primero, al que veía como fuente de trastornos morales y económicos en las familias, llegó al extremo de hacer salir del Estado de Tabasco a su propio padre aficionado a la bebida; en cuanto a la segunda, se empeñó en una activa campaña anticlerical, manifestada en clausura de iglesias y conventos, hogueras alimentadas con imágenes y esculturas de santos, y en choques, alguno de ellos sangriento, con grupos de católicos. Postergaba, en cambio, la reforma económica, pues daba mayor relevancia a las creencias y costumbres, a grado tal que llegó a ser acusado de que sus campañas llevaban el propósito de distraer la atención del pueblo y evitar que éste advirtiera los privilegios de que gozaba la compañía norteamericana United Fruit, Co., concesionaria de la riqueza platanera”.

Décadas después, el águila que cayó de la expropiación, Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fue gobernador de Michoacán (1976-1982), tuvo cierta inclinación garridista por proteger, mediante una Ley seca de sábado a lunes —aplicación del Código Sanitario Federal—, a los indígenas y demás pobres indefensos del vicio del alcohol. Prohibió también las zonas de tolerancia y las peleas de gallos (¿para que los trabajadores no dilapidaran su salario en vicios?). La consecuencia, similar a la prohibición en Estados Unidos en la época de Los Intocables, fue la fabricación y venta clandestina de alcohol de madera y, con ella, un montón de ciegos e intoxicados. Recientemente, en el estado de Chiapas, nada menos que en el “territorio zapatista” de Los Caracoles, gobernado autónomamente, se estableció la prohibición de beber (“consumir”) y vender (“traficar”) alcohol o, mejor dicho, licores. Los ezetaelenistas dicen “prohibir el vicio”. Para ellos no hay un punto o posibilidad intermedia entre beber y ser un vicioso.

Cabe señalar que la Ley seca en los días de elecciones tiene su origen en este moralismo de izquierda, siendo una manera de tratarnos como a menores de edad o como irresponsables: ya en plena transición a la democracia y con gobierno de izquierda en la Ciudad de México, la perredista Dolores Padierna, jefa delegacional de Cuauhtémoc (2000-2003), clausuró establecimientos mercantiles con espectáculos de baile en tanga para “proteger a nuestros jóvenes”. Ese fue su argumento. El punto es: derechas e izquierdas hace mucho que no se pueden definir como opuestas por su posición en asuntos de moral pública. Por ejemplo, ¿despenalizar el consumo y tráfico de drogas es una posición de derecha o de izquierda? Basta mencionar que Milton Friedman, el más conspicuo teórico del neoliberalismo, desde hace más de 30 años clama por su despenalización. Aquí y ahora, ¿qué dicen y hacen al respecto los legisladores de izquierda?

NUEVOS RECURSOS DEL PROHIBICIONISMO

Las nuevas formas de aliento a la prohibición y censura promovidas por la izquierda postmarxista, se dan al amparo de las banderas de la corrección política y las militancias que introducen nuevas racionalidades en la agenda pública, cuando esgrimen la superioridad moral de una causa o derecho sobre la libertad de un individuo o colectividad. Este ha sido el caso del llamado a prohibir una película con un guión basado en una obra de Gabriel García Márquez. Se invoca, por un lado, la superioridad moral de los promotores de la prohibición sobre los productores o creadores de la obra cinematográfica y, especialmente, de los patrocinadores. Por otro lado, los censores esgrimen fundamento legal para que se atienda su solicitud bajo el supuesto de que se incurriría en “apología del delito” si se realiza la producción de su disgusto. En tercer término, se establece un nuevo umbral del campo de la censura, análogo al de la película Sentencia previa (Spielberg, 2002), pues antes de que se produjera la obra ya se había impedido su realización, así, sin haberla visto, sólo con saber o suponer de qué y cómo se iba a tratar el tema o la historia.

En este caso prevalece la superioridad del valor de la invocación a un bien superior colectivo —el repudio a representaciones de la pederastia— sobre la libertad de las personas. Pero lo conflictivo ya no está en el interés del Estado sobre la libertad del individuo, sino en las causas de unos individuos que presionan para que su voluntad prevalezca sobre la libertad de los demás. ¿Cómo hay que concebir, entonces al Derecho? ¿Como medio para hacer buenas a las personas, como instrumento para regular los conflictos que resultan del ejercicio de sus libertades o como medio de promoción de equidad y garantía de justicia? ¿Y al Estado?

Penitencia tributaria al vicio

Por un lado se condena el consumo del alcohol y, por otro, éste es un producto clave para las finanzas públicas del país: en la Ley de Ingresos vigente para este año el gobierno federal calcula recaudar 23 mil 567 millones de pesos en impuestos al alcohol. Y para 2010 se aprobó en el Congreso conseguir 26 mil 499 millones de pesos por “bebidas con contenido alcohólico”, más de la mitad de lo que se pretende obtener por el IETU y el equivalente a la recaudación por importaciones, y todavía superior a los ingresos por Tenencia de Automóviles (21 mil 67 millones de pesos).

Esto quiere decir que se tiene que vender y consumir suficiente alcohol y tabaco como para que las finanzas públicas se mantengan a flote. Si a esto le sumáramos los impuestos que paga la publicidad de cervezas, licores y cigarros, así como los derechos e impuestos que pagan los establecimientos mercantiles autorizados para estas ventas, es posible que nada haga más daño a las finanzas públicas que una disminución del consumo de estos productos, con excepción de la caída de los precios internacionales del petróleo.