Una de las primeras acciones de gobierno del presidente Felipe Calderón fue la aplicación de un operativo espectacular, encabezado por el Ejército, en contra de la delincuencia organizada en el estado de Michoacán.

Ese operativo marcó el inicio de una guerra frontal contra los cárteles de la droga que, a tres años de distancia, ha generado costos considerablemente mayores que los beneficios.

A primera vista, los resultados parecen tan espectaculares como los propios operativos: cerca de 270 mil detenidos --aunque solo el 22 por ciento consignado?, 80 toneladas de cocaína decomisadas y casi 5 mil toneladas de mariguana destruidas.

Pero un análisis más profundo de los datos, nos lleva a la conclusión de que en realidad estos "beneficios" son magros comparados con los costos.

En esta guerra de tres años han perdido la vida cerca de 15 mil personas, el Estado ha gastado alrededor de 70 mil millones de pesos y no hay nada ni nadie que frene la ola de violencia.

Más de 100 militares han perdido la vida en esta guerra y decenas de comandantes policiacos de los tres niveles de gobierno han sido ejecutados.

El Ejército ha sido sobreexpuesto en esta lucha, lo que le ha generado un desgaste ante la opinión pública que incluye constantes señalamientos de supuestas violaciones a los derechos humanos.

Y ahora, a juzgar por la forma en que terminó el operativo en que murió el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, pareciera que el gobierno federal decidió ponerse al tú por tú con el crimen organizado y operar con el mismo nivel de barbarie.

De seguir por ese camino, que lo ha llevado la desesperación, el gobierno podría caer en una guerra sucia como la de los años setenta, cuando decenas de integrantes de grupos guerrilleros y disidentes políticos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

A las fuerzas armadas les ha costado mucho trabajo quitarse de encima el estigma de la guerra sucia de los setenta, y no sería conveniente ni para ellas ni para nadie meter al país en una dinámica en donde la actuación del Ejército y la Armada sea poco clara y genere cuestionamientos.

La intención del gobierno que encabeza el presidente Felipe Calderón puede ser buena, pero el problema es que utiliza toda la fuerza del Estado para combatir los efectos y no las causas del fenómeno del narcotráfico. Y sin buenos resultados.

Es tiempo de que las instituciones del Estado entiendan que es necesario iniciar una discusión seria sobre la posibilidad de legalizar las drogas.

Una legalización, se ha dicho hasta el cansancio en foros y en espacios de análisis, terminaría con el mercado clandestino y, por lo tanto, con la violencia extrema que se emplea en la defensa de ese mercado.

Es necesaria una legalización que implique al mismo tiempo una regulación, con normas claras para la producción, venta y consumo de estupefacientes.

No se entiende por qué un Estado que prohíbe la producción y venta de sustancias nocivas para la salud permite al mismo tiempo la producción, venta y consumo de otras que también son nocivas, como el alcohol y el tabaco.

Vivimos tiempos de superación de tabúes. Lo logramos con los matrimonios del mismo sexo, se han logrado avances en la eutanasia y en el ámbito político, ya se habla abiertamente de la reelección y la segunda vuelta electoral. ¿Por qué no iniciar el debate sobre la legalización de las drogas?

En el Congreso hay iniciativas que plantean formas de legalización, pero el tema no se toca simplemente porque es un tema tabú.

En esta guerra, el gobierno federal ya logró la detención de importantes capos como Eduardo Arellano Félix, Santiago Meza López, El Pozolero; Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo; y Jaime González Durán, El Hummer, entre otros.

Pero aunque logre la recaptura de El Chapo Guzmán, los cárteles de la droga no dejarán de operar si no se toman otro tipo de medidas.

Mientras no se tenga la voluntad política de avanzar en la discusión de una estrategia radical de combate a la raíz del problema, este gobierno y los subsecuentes, del color que sean, continuarán con esta guerra inútil que sólo genera más violencia.

OFF THE RECORD

**JUANITAS, DE NOCHE

Durante la última sesión del año, la Comisión Permanente del Congreso concedió licencia a las Juanitas.

Por la puerta trasera salieron de San Lázaro Mariana Ivette Ezeta Salcedo, Laura Elena Ledesma Romo, Anel Patricia Nava Pérez y Ana María Rojas Ruiz.

Mariana Ivette, del PVEM, dejó su curul a su hermano Carlos Alberto; Laura Elena, del mismo partido, dejó su espacio a Maximino Alejandro Fernández, ligado al ex Niño Verde; Ana María Rojas Ruiz, del PRI, dejó la silla a su concuño Julián Nazar Morales; y Anel Patricia Nava, del PT, hizo lo propio con Alfonso Primitivo Ríos Vázquez.

**BOQUETE EN MIGRACIÓN

Algo pasa en el Instituto Nacional de Migración, pues le pierden los indocumentados.

El pasado domingo desaparecieron tres cubanos y tres hondureños de la estación del INM de Querétaro.

Los funcionarios del Instituto están de vacaciones, pero seguramente al inicio del próximo año ofrecerán una explicación.