La presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Asamblea Legislativa, Maricela Contreras, urgió a la Secretaría de Gobernación (Segob) para que llame a los jerarcas de la Iglesia católica a respetar la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, pues la acusó de violentar el Estado laico con su oposición a las decisiones parlamentarias y sus mensajes en contra de la aprobación de las reformas que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En conferencia de prensa, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) destacó que dicha dependencia federal es cómplice de la Iglesia católica al ser omisa ante esas infracciones a la Carta Magna.

Precisó que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en su artículo 4 señala que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades en los términos que establezcan las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan, por lo que el Clero, al oponerse a los cambios que de manera legal y legítima se dieron en la ALDF sobre el estado civil del matrimonio, la Iglesia viola esta ley fundamental, sentenció.

Contrala ley, críticas de la Iglesia a bodas gay.

Legisladora consideró que las críticas de la Iglesia contra los denominados matrimonios gays, constituyen conductas sancionables conforme a dicha ley, pues sus actitudes comentó, encuadran en lo que señala su artículo 29 en las fracciones V y X que disponen como infracciones ejercer violencia física o presión moral, mediante agresiones o amenazas, para el logro o realización de sus objetivos, y oponerse a las leyes del País o a sus instituciones en reuniones públicas.

Punmalizó que la Iglesia con sus comentarios pretende imponer su ideología y desconocer las decisiones adoptadas por la ALDF por lo que Gobernación debe actuar y llamarlos al orden, sostuvo.

Agregó que los mensajes de la Iglesia están cargados de discriminación contra las personas homosexuales, lo que dijo, alimenta el encono social contra ellas, además, de fomentar odio y homofobia entre la sociedad. Comentó que corresponde a la Secretaría de Gobernación la aplicación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que establece en su artículo 32 que las sanciones por su incumplimiento puede ser desde el apercibimiento, multa de hasta veinte mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, clausura temporal o definitiva de un local destinado al culto público, suspensión temporal de derechos de la asociación religiosa en el territorio nacional o bien en un Estado, municipio o localidad; y hasta la cancelación del registro de asociación religiosa.