Legisladores de 19 países estudian homologar las leyes para doblegar al crimen organizado

POR LETICIA ROBLES DE LA ROSA

Legisladores de 19 países de América Latina buscan construir un marco legal común para perseguir eficazmente el narcotráfico en la región.

El Parlamento Latinoamericano busca borrar las fronteras desde México hasta Argentina, a fin de que los traficantes no tengan espacios donde ocultar sus riquezas.

De hecho, el Congreso mexicano ya conoce los avances en la definición de los nueve lincamientos de la Ley Marco contra el Narcotráfico, Prevención y Tratamiento de las Adicciones, que permitirá homologar las leyes de toda América Latina en materia de crimen organizado.

Entre los proyectos está crear la Policía Especializada en Investigaciones Patrimoniales, combatir la corrupción gubernamental e incluir la prevención y la rehabilitación como políticas supranacionales.

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Homologa AL leyes para lucha antinarco Leticia Robles De la Rosa Congresos de 19 países de América Latina trabajan en la elaboración de una norma común contra el crimen organizado Los legisladores de 19 naciones de América Latina construyen una legislación común para perseguir a los narcotraficantes en toda la región, como si se tratara de un solo territorio sin fronteras, desde México hasta Argentina, a fin de no permitirles espacio para ocultar sus riquezas ni brindarles tregua para mantener sus operaciones ilícitas fuera de sus naciones de origen. En el marco del Parlamento Latinoamericano, conformado por 19 naciones, los legisladores de la región avanzaron en la definición de los nueve lineamientos de la Ley Marco contra el Narcotráfico, Prevención y Tratamiento de las Adicciones, que permitirá homologar las leyes de toda América Latina en materia de crimen organizado. Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, entregó oficialmente al Congreso mexicano el informe sobre los avances de esta Ley Marco de América Latina, en la cual destaca la creación de la Policía Especializada en Investigaciones Patrimoniales, que estará encargada de rastrear la riqueza de los delincuentes en todos estos países. El grupo multinacional de trabajo legislativo advierte que en esta lucha es fundamental poner un alto a la corrupción que permite la existencia de estos grupos criminales. “En cada país se debe contar con una preceptiva contra la corrupción proveniente de la delincuencia, a efecto de mantener a los distintos órdenes de gobierno a salvo de infiltraciones. “Es conveniente que las leyes impulsen a la autoridad ejecutiva a elaborar mapas de corrupción para identificar vulnerabilidades según la naturaleza de la función a cargo de cada servidor público y las etapas que integren los procesos de trabajo, en particular aquellos que tengan contacto con la población, así como buscar la consolidación de las percepciones de los servidores públicos y de un alto nivel de compromiso con la ley y el servicio a la sociedad”, dice. El borrador del avance, que está a disposición de todo el público en el sitio web del Senado, advierte que la estrategia para la región no debe circunscribirse a la persecución del narcotraficante, sino también debe favorecer y destinar mayores recursos a la investigación patrimonial de los delincuentes, el combate a la corrupción y, sobre todo, a la prevención del delito y la rehabilitación de las víctimas. “La Ley Marco deberá promover la reforma de los modelos judiciales persecutorios y reactivos por otros que privilegien la prevención, erradicación y rehabilitación, sin menoscabo de lo primero”, destaca. Considera necesario “evaluar los mecanismos de persecución de la delincuencia transnacional y determinar a partir de ello cuáles son las medidas legales más recomendables para propiciar las reformas necesarias para que nuestros sistemas de investigación nacionales de la delincuencia organizada se constituyan en los subsistemas de regionales articulados al internacional que se prefigura en la Convención contra la Delincuencia de 2000”. Reconoce que se necesita generar legislación regional y nacional que permita reconocer al narcotraficante como un sujeto transnacional por lo que además de revisar los tratados de extradición, deberán homologarse los criterios de penalización y los sistemas penitenciarios para este tipo de delitos. Para ello, será necesario comparar las penas que en cada uno de nuestros países se aplican y determinar una tipología de las penas contra los narcotraficantes.