El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard conocía también desde hace seis meses que en la granja AA "Los Elegidos de Dios" esclavizaban a personas indígenas y alcohólicos.

Juan Martín Pérez, presidente de la Asociación El Caracol, dedicada a atender poblaciones callejeras, dijo que desde el pasado 1 de junio, mediante una carta, se le notificaron al mandatario las irregularidades con que operaba la supuesta clínica de rehabilitación.

Incluso, se le informó que los directivos de dicho lugar afirmaban que tenían el apoyo de las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza para realizar la "limpieza social" a través de un convenio.

Asimismo, le manifestaron que las personas en situación de calle eran ingresadas al citado anexo contra su voluntad; sin embargo, lamentó Pérez, en la jefatura de gobierno no hubo respuesta.

Explicó que en la misiva se le detalló a Ebrard que a las dos de la mañana del pasado 16 de mayo de este año, varios jóvenes de las calles Humboldt y Artículo 123, en situación de calle, fueron "levantados" por seis sujetos que viajaban a bordo de dos camionetas, de color rojo y gris, quienes los agredieron y capturaron a seis de ellos.

"Fueron subidos a las camionetas, privados de su libertad, siendo llevados contra su voluntad a un anexo denominado "Los elegidos de Dios", ubicado en la calle Cuauhtémoc 157, colonia Jardines de San Lorenzo", se mencionó en la carta.

De igual forma, se le comentó que los agresores iban custodiados por los elementos de la patrulla P2315, quienes sólo se limitaron a observarlos.

No obstante, sólo uno de ellos pudo ser rescatado nueve días después por los educadores de Caracol, gracias a que familiares lo acompañaron; más tarde dejaron salir a los demás.

Ahí José Antonio Villar Ramos, encargado del sitio, quien actualmente se encuentra arraigado, aseguró que la limpieza social fue avalada por las direcciones territoriales de las delegaciones Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, "quienes saben que son llevados en contra de su voluntad a los anexos".

Tras el suceso, la gente de las citadas calles fue amenazada por el personal del Instituto, quienes amenazaron con regresar por las mujeres.

Fue así que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal abrió la queja en el mes de mayo y se lo hizo saber a la SSP-DF.