Ante la llegada de las primeras vacunas contra la influenza AH1N1, es necesario que el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, explique ante el Pleno de la Cámara de Diputados la situación actual y las acciones que realiza para hacer frente a esta pandemia, señaló la diputada por el PRD, Leticia Quezada Contreras. La integrante de la Comisión de Salud precisó que dado que ya están las primeras 650 mil vacunas de las 30 millones que se comprarán a los laboratorios europeos, es necesario establecer un diálogo con el titular del sector salud, así como con el responsable de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miguel Ángel Toscano Velasco, para que su aplicación se en aras de equidad y transparencia. Mencionó que hasta el 20 de noviembre se habían reportado 64 mil 322 casos confirmados y registrado 573 defunciones, desde que inició la propagación del contagio. Además que en sólo dos días (18 al 20 de noviembre) se registraron 33 nuevos decesos. Por ello, se pronunció para que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados conforme una subcomisión que dé seguimiento a quejas, denuncias, incidentes y posibles irregularidades que se presenten respecto a la aplicación de la vacuna, en los hospitales y clínicas del país. Además, Quezada Contreras destacó que conforme a la SSA, con ese primer lote se pretende inmunizar a los grupos de mayor riesgo, que incluye personal de salud, mujeres embarazadas y a quienes presenten padecimientos crónicos, a más tardar en marzo próximo. Agregó que dichas vacunas fueron adquiridas para ser aplicadas en el sector público y se ha señalado que sólo será en dependencias de este sector, sin embargo, “existen pronunciamientos en el sentido de que se inició la comercialización de dicha vacuna en hospitales privados a precios elevados”. Indicó que para garantizar que éstas sean aplicadas conforme se programó, atendiendo a los sectores más vulnerables de la población y que no se desvíen con fines de lucro, es necesario se dé seguimiento a las posibles quejas, denuncias y señalamientos que impliquen un manejo inadecuado de dichas vacunas adquiridas con recursos públicos, de igual forma que lleguen a sus destinatarios finales vía hospitales y clínicas gubernamentales.