La nueva regulación sobre narcomenudeo, que entró en vigor el pasado 20 de agosto, además de estipular dosis máximas de consumo personal sin penalización, dejó en el escenario factores controvertidos como el uso de policías infiltrados para detectar puntos de venta de droga.

En esta mecánica, el uso de agentes secretos a los que se les permite realizar compras disfrazadas como parte de sus investigaciones, Alejandro Gómez Sánchez, coordinador de asesores del ex titular de la PGR, Eduardo Medina-Mora, ve el mayor de los escollos.

“El riesgo es que cuando policías sean descubiertos con droga, digan que la acaban de comprar como parte de una investigación, cuando en realidad son ellos los que la están vendiendo y distribuyendo, y lo mismo puede pasar con peritos y ministerios públicos”.

De la realidad del tráfico al menudeo hablan Gómez y Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), además de Carlos Rodríguez Ajenjo, secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Son voces surgidas del Inacipe, del análisis sobre la actual regulación en materia de narcomenudeo y consumo.

Dice Laveaga: “Las UMAN (Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo) nunca funcionaron, pese a que concentraban agentes del Ministerio Público federal, autoridades del fuero común y policías ministeriales de todos los niveles; a la mera hora representaron un problema de operación y corrupción, en la que había coordinación, pero para no aplicar la ley o hacerlo de manera distorsionada”.

Y Rodríguez: “Para el sistema de salud, las nuevas reglas son importantes, porque aumentan la posibilidad de combatir la oferta de droga. Para la generación nacida entre 1973 y 1983, el riesgo de tener contacto y usar drogas aumentó en un 25%, porque se crearon sistemas de mercadeo como el regalo o ciertos rituales sociales como el reventón, donde se obtienen fácilmente sustancias para la diversión”.

Inteligencia. Por el decreto del 20 de agosto se reformaron tres leyes: Código Penal Federal, Código Federal de Procedimientos Penales y Ley General de Salud.

“De alguna manera la reforma acabó con las prácticas subjetivas de los peritos, que eran quienes decidían si la cantidad de droga encontrada a un individuo era poquita o mucha, y dependiendo de ese dictamen, las autoridades locales y federales se echaban la bolita, era un caos pavoroso, nadie sabía de quién era la competencia”, relata Laveaga.

Según Alejandro Gómez Sánchez, una de las herramientas más utilizadas y efectivas entre los cuerpos policíacos para descubrir redes de narco distribución, “es ir a comprar la droga: todo mundo sabe que la narcotiendita está en determinado lugar, y este método sirve para generar información de inteligencia y hasta para conocer costos y modos de operación”.

Asegura que los lineamientos marcados en el Código de Procedimientos Penales pueden disminuir la posibilidad de que funcionarios públicos disfracen actividades ilícitas:

“El Código establece que el Ministerio Público de la Federación autorizará al MP del fuero común, en el ámbito del intercambio de información de los llamados Centros Operativos Estratégicos —sustitutos de las UMAN—, el empleo de policías infiltrados sólo en blancos específicos. El planteamiento es: voy, compro y si descubro que ahí se vende droga y cotejo la información con otros elementos de la indagatoria, al rato voy y pesco al narcomenudista”.

Desde la época de Ernesto Zedillo surgió la propuesta de crear un registro de adictos y de arrestados por posesión de droga para el consumo, pero, dice, “en la realidad el registro nunca se pudo consumar, siempre se opuso la Secretaría de Salud, porque era estigmatizar al adicto o al consumidor. Cuando se le pedía al detenido poner sus huellas digitales, siempre se negaba; había personas a las que ya se les conocía como reincidentes, pero no había forma de comprobarlo. Ahora, con la tabla de dosis necesarias, esos problemas se acabaron”.

La nueva Ley de Narcomenudeo, afirma, es de materia concurrente, y cada entidad federativa puede legislar.

“La PGR está empujando, en el marco de los Centros Operativos, a ir trazando redes de narcomenudeo para llagar, tarde o temprano, a las del narcotráfico a gran escala, pero este esquema implica capacitación de las autoridades involucradas y un gasto en equipamiento, tanto pericial, como balanzas y pruebas químicas”.

Vista médica. El doctor Carlos Rodríguez Ajenjo apunta una desventaja: no se tiene un registro del número de narcotienditas en el país.

Para contrarrestarla, el Conadic construye en la actualidad 334 centros de atención primaria, además de impulsar programas para identificar a las personas con mayor riesgo de adicciones y para ofrecer tratamiento a quienes ya las tienen.

Celebra la incorporación a la Ley del término “dosis máxima de consumo personal inmediato”.

“Ahora se considera al adicto como enfermo y se abre la posibilidad de obligarlo a un tratamiento, primero de manera voluntaria, pero si recae, la tercera vez tiene obligación de recibirlo. La ley obliga al Estado y de manera específica a las autoridades sanitarias, a ofrecer tratamientos, a darle seguimiento a los casos y tener un registro de centros de atención, esto es un paso adelante para no considerar al adicto un delincuente, sino darle una oportunidad de vida”…