Buen ejemplo del engendro tributario lo tenemos en los llamados impuestos especiales, que sintetizan lo peor de dos mundos: el de los impuestos (que en el mejor de los casos son un mal necesario: obligar al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo), y el del ensañamiento recaudatorio (contra aquellos a quienes se les grava de manera especial, lo cual no pasa de ser una discriminación recaudatoria), ensañarse que, nos lo dice el diccionario, consiste en "deleitarse en causar el mayor daño y dolor posibles a quien ya no está en condiciones de defenderse", tal y como sucede con los contribuyentes en este país, tan alejado de la sensatez económica y tan cerca de la voracidad del recaudador, del ensañamiento recaudatorio, del cobro de impuestos convertido en expoliación legal, en robo con todas las de la ley.

En México se cobran impuestos especiales (los IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) a gasolinas y diesel para combustión automotriz; a bebidas alcohólicas, cervezas y bebidas refrescantes; a tabacos labrados; a juegos y sorteos, productores y consumidores de tales bienes y servicios que son objeto de discriminación recaudatoria, es decir, que están sujetos a un trato especial, ¡en muchos casos confiscatorio (por ejemplo: el IEPS de 160 por ciento a los tabacos labrados, o el de 50 por ciento a las bebidas alcohólicas), todo lo cual atenta contra la equidad y proporcionalidad que deberían ser características del cobro de impuestos en México, tal y como lo señala la Constitución, en cuyo artículo 31 leemos que es obligación de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del estado y municipio en el que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". El mero concepto impuesto especial es contrario a la idea de proporcionalidad y equidad. ¿Será que todos esos IEPS son anticonstitucionales? Y si lo son, ¿no deberían eliminarse?

Pues no: no solamente no se pretende eliminarnos, sino que, tal y como lo propuso Hacienda, y tal y como lo dispusieron los diputados, se pretende multiplicarlos al introducir un nuevo IEPS, del tres por ciento, a las telecomunicaciones, mismo que los senadores deben rechazar, eliminando, de paso, todos los otros impuestos especiales