El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, hizo un llamado a aprovechar el reto que nos impone la crisis económica para pensar en nuevos modelos de desarrollo. Esto implica un llamado a la inteligencia política y a asumir que la transformación del país requiere mucho más que simples modificaciones a la estructura fiscal y, en consecuencia, a la apertura presupuestal. Pensar en un nuevo modelo de desarrollo implicaría poner en el centro de las decisiones públicas, crecer para la equidad, lo que a su vez exige crear empleos suficientes y dignos; mejorar los niveles de educación de la población; mejorar las condiciones para asegurar el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria; replantear la política medioambiental, con el fin de garantizar la sustentabilidad, y diseñar una nueva estrategia de gobierno que permita cerrar las brechas de desigualdad. Todos los partidos sostienen públicamente que su posición con respecto del debate sobre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 está relacionada con el abatimiento de la pobreza. Sin embargo, no ha habido ninguna propuesta en serio que esté dirigida a la modificación de las estructuras de desigualdad, ni mucho menos a transformar las estructuras institucionales y jurídicas que impiden un mejor combate a la pobreza. Según datos del Tercer Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal, en 2009 el gasto aprobado en superación de la pobreza ascendió a 243 mil 725.6 millones de pesos, mayor en 14.4% al gasto de 203 mil 343.5 millones de pesos ejercido en 2008, y en 37.9% a los 159 mil 174.3 millones de pesos asignados en 2007. Por tipo de estrategia, los recursos aprobados en 2009 fueron los siguientes: 114 mil 771.8 millones de pesos para el desarrollo de capacidades básicas; 97 mil 492.5 millones, al desarrollo regional; 11 mil 48.2 millones, para desarrollo urbano, y 20 mil 413.1 millones, a la atención de los grupos sociales vulnerables del país. Destacan dentro de los recursos aprobados para superar la pobreza en 2009 el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, con 47 mil 845.4 millones de pesos; el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), con 33 mil 768 millones de pesos, y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, con 39 mil 880.7 millones de pesos, que en conjunto concentran 49.8% de la asignación total. A esos recursos deben agregarse los 791 mil 674.8 millones de pesos asignados al gasto educativo. El reto en la construcción de este presupuesto consiste en no sólo mantener los montos asignados para lo social, porque así lo establece la Ley General de Desarrollo Social, sino en mejorar los modelos y esquemas de atención, considerando sobre todo los elementos que caracterizan a una cuestión social de una complejidad creciente, entre otros fenómenos: México no puede seguir destinando recursos al campo sin antes revisar las estructuras de las cadenas de producción, comercialización y consumo. De acuerdo con el Banco de México, la inflación de los productos alimentarios es de prácticamente 20% entre septiembre de 2008 y 2009. Ante ello, no es de extrañar que de los 19.5 millones de pobres alimentarios contabilizados a finales de 2008, 12.2 millones vivan en localidades rurales, a los que, como resultado de las tendencias, podrían sumárseles un millón más al terminar 2009. Esta realidad obliga a replantear la política agropecuaria y vincularla estrechamente con el cuidado del agua, pues se estima que más de 70% del agua extraída de los mantos acuíferos se utiliza en la agricultura, y de ésta se desperdicia casi 60%. El Censo Agropecuario 2007 muestra que la infraestructura para el campo está devastada, sobre todo en el régimen de propiedad ejidal, en donde el censo ejidal arroja valiosa información sobre la casi nula tecnificación, capacitación y apoyo para los productores de temporal. A esto debe agregarse que más de 70% de la cubierta forestal del país y más de 60% de las reservas de agua se encuentran en propiedad ejidal, lo que debería obligar, desde ya, a la vinculación entre la política medioambiental y la de desarrollo agropecuario, articulándolas por medio de dos categorías fundamentales: derecho a la alimentación y seguridad alimentaria. Aun cuando la pobreza alimentaria es menor en los ámbitos urbanos, ésta suele acompañarse de procesos sociales de exclusión mucho más severos que en los ámbitos rurales. De acuerdo con el comunicado 274/09 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en septiembre de 2009 la tasa de desocupación se situó en 6.06% con respecto de la Población Económicamente Activa. Esta tasa es superior a la registrada en septiembre de 2008, cuando se situó en 4.25%. También creció la “subocupación”, la cual es definida como la condición en la que las personas, aun cuando tienen alguna ocupación, tienen disponibilidad de horas para trabajar, o bien, requieren de más horas de trabajo para completar sus necesidades de ingreso. Comparando igualmente 2008 frente a 2009, la tasa de subocupación creció de 6.7% a 9%. Hay evidencia que muestra que cuando hay crisis, y ésta lleva a que los hogares gasten más en alimentos, los rubros en los que los hogares dejan de gastar son la educación, el transporte, el vestido y el calzado.Así, según los datos del Banco de México, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2009, el incremento en el gasto de los hogares en productos básicos fue de 4.89%. El rubro que más creció fue precisamente el de los alimentos, el cual mostró un incremento de 9.05%; salud y cuidado personal creció en 5.65%; el incremento en transporte fue de 4.62%; en educación, de 4.04%; mientras que el incremento en ropa, calzado y accesorios fue de 3.55%. Por lo anterior, lo esperable en este año es que la deserción escolar, principalmente en educación media-superior y superior se agudice. Lo mismo es esperable, aunque en menor medida, para el tercero de secundaria, grado en el que se da el mayor porcentaje de deserción en ese nivel educativo. Sólo en 2006, de quienes lograron ingresar al bachillerato, de cada 100 hombres, desertaron 16 antes de ingresar al tercer año. La proporción en mujeres fue de 14 por cada 100. Esto debe verse a la luz del rezago educativo del país, el cual se expresa en el hecho de que casi seis millones de mexicanos son analfabetas, más de 30% de los mayores de 15 años no ha concluido estudios de educación primaria y casi 45% no ha concluido la secundaria. Según la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, la incidencia en la exposición a las drogas, tanto legales como ilegales, ha crecido en casi 50% con respecto de 2002. El uso de drogas, tanto legales como ilegales, creció también de manera significativa en el mismo periodo, pues a decir del estudio citado: “Los resultados (…) indican que el consumo de drogas ilegales en población rural y urbana entre 12 y 65 años de edad ha aumentado de un 5% observado en 2002 a un 6% en este periodo”. Las drogas ilegales (mariguana, cocaína y sus derivados, heroína, metanfetaminas, alucinógenos, inhalables y otras drogas) aumentaron de 4.6% a 5.5%; el consumo de drogas médicas con potencial adictivo, usadas fuera de prescripción, mantuvieron los niveles observados en 2002. Por otro lado, las tendencias de mortalidad, sobre todo en población joven, indican que las principales causas de mortalidad para la población entre los 14 y 25 años son los homicidios, los accidentes de tránsito y los suicidios. En este último rubro se estima que de los cerca de cuatro mil 500 suicidios cometidos en 2007, casi 60% corresponden a personas en ese grupo de edad. El sistema de salud mexicano aún muestra rezagos importantes en cuanto a disponibilidad de personas, infraestructura y capacidades de atención. Las tasas de mortalidad por enfermedades transmisibles afectan predominantemente a la población más pobre, con “rebrotes” de padecimientos como el dengue y el paludismo. Al año, se estima que de los cerca de 500 mil fallecimientos que hay en el país, cerca de 10% corresponde a muertes evitables. Es decir, cada año fallecen en el país 50 mil personas por enfermedades prevenibles y curables. (*) Este texto se elaboró con material del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social. La selección de los indicadores para elaborar esta investigación se apegó a los siguientes criterios: 1) provienen de fuentes oficiales o de organismos internacionales; 2) son datos con representatividad nacional; 3) son datos con rastreabilidad, con la misma metodología en los últimos diez años.