Alberto Aguirre M.

Lo que mejor les sale a los diputados federales del PAN es el cercamiento de la tribuna. Impecable fue el operativo que la bancada blanquiazul desplegó aquel 1 de diciembre del 2006, para desplazar a los integrantes del FAP que trataban de impedir la toma de posesión de Felipe Calderón Hijonosa. Mostraron idéntica sincronía la medianoche del miércoles 21, para recuperar la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro y continuar con la sesión en la que se desahogaba la miscelánea fiscal.

El reloj legislativo, evidentemente, no es el mismo que el tiempo real, y permitió tales desfiguros, como que Josefina Vázquez Mota haya ordenado a una veintena de legisladoras que formaran un cordón humano para proteger a Francisco Ramírez Acuña. Vaya que también hay Adelitas azules.

La aprobación de las medidas tributarias -primer componente del paquete económico 2010- implicó otros despropósitos, tan grotescos como la rabiosa imagen del presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Alberto Becerra, respondiendo a las provocaciones -"¡Qué bien joroba con impuestos Pocoroba!", le gritaban, desde el Bronx de San Lázaro y, a grito pelado, ufanándose del trabajo hecho para la elaboración de los dictámenes.

En contraflujo de la línea trazada por la cúpula priísta, Benjamín Clariond Reyes-Retana llamó al pleno a votar en contra del dictamen de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que hace exigibles los saldos actualizados con antigüedad mayor a cinco años diferido por los grupos sujetos a la consolidación fiscal.

Al final, las cifras originalmente propuestas quedaron invertidas en el dictamen de la Comisión de Hacienda y se propuso un esquema de pagos consistente en que en cada ejercicio se ingrese 40% de los saldos de los impuestos diferidos correspondientes a dicho ejercicio, y por el restante 60% se hagan pagos de 10% durante cuatro ejercicios.

"La propuesta, como se plantea, puede tener vicios de inconstitucionalidad", advirtió.

Más adelante, el diputado perredista Armando Ríos Píter propuso gravar una canasta de alimentos y bebidas procesadas, identificados como "comida chatarra". Ése sin tax no es muy distinto, en naturaleza y racionalidad, que los impuestos aplicados al tabaco y a las bebidas alcohólicas, y hubiera representado el ingreso de 9,000 millones de pesos a las arcas gubernamentales, si se extendía a las gaseosas.

La única vez que la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, tomó el micrófono fue para expresar su beneplácito a la propuesta… que igualmente fue desechada.

La defensa del interés público logró unificar a panistas y perredistas. Tal fue el caso de José Narro Céspedes y Javier Corral Jurado, quienes pidieron que se eliminara el inciso E y dos transitorios del artículo 244 de la Ley Federal de Derechos, que exentan del pago de impuestos a las empresas de telecomunicaciones que ganen la licitación de las dos frecuencias que van de los 1.7 a los 2.1 Gigahertz del espectro radioeléctrico; bandas de uso para servicios móviles, fundamentalmente de acceso a Internet.

"No se puede exigir al pueblo de México, como lo acabamos de votar -y yo en favor de ello-, 30,000 millones de pesos por IVA y al mismo tiempo extender un diferimiento para el pago de derechos por 1,900 millones de pesos a una sola empresa", sintetizó Corral Jurado, quien agregó:

"Nadie se engañe, este artículo tiene un destinatario: Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de las dos redes".

Esa propuesta también fue desechada. Y a menos que el Senado de la República someta a las medidas tributarias a una cirugía mayor, su suerte será definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ya se preparan a recibir las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

EFECTOS SECUNDARIOS

BANDAZOS. Además de las bandas de los 1.7 a los 2.1 Gigahertz, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiere licitar la banda de 2.5 a 2.7 Gigahertz, actualmente asignadas a MVS Comunicaciones. También en este caso, los magistrados tendrán la última palabra.

Y mientras el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, asegura que la familia Vargas ya perdió la concesión, el comisionado Ernesto Gil Elorduy se apega a la legalidad. "Es imposible, pueden licitar concesiones que estén en litigio, trátese de quien se trate. Uno tiene que respetar los tiempos y las resoluciones del Poder Judicial y las decisiones que están por tomarse", expresó.

ABSUELTO. Como aquí anticipamos, los consejeros electorales desecharon la queja interpuesta por el PRD contra el exdirector de la Lotería Nacional, Miguel Ángel Jiménez Godínez, luego de que la Comisión de Prerrogativas no acreditara una conducta sancionable.

El representante perredista, Rafael Hernández, condenó que se cerrara "el círculo de impunidad" en favor del exfuncionario y reclamó el mensaje que se le enviaba a la ciudadanía, pues ninguna instancia sancionó los actos de corrupción denunciados por Megamedia.

El verdadero mensaje, replicó el consejero Marco Gómez es que el IFE aplica la norma, "y que no se puede permitir caer en las estrategias de los partidos políticos, sino que resuelve conforme con la ley"