Ojalá nuestros legisladores tomen en serio su papel de representantes de la sociedad y estudien o, mejor dicho, se asesoren lo necesario para decidir por nosotros

El Estado mexicano cuenta con diferentes fuentes de ingresos para satisfacer las necesidades del gasto público, siendo las principales los impuestos, derechos, ingresos de las empresas y organismos que administra el Estado, tales como Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, así como por préstamos que obtiene por autorización del Poder Legislativo.

Actualmente, los ingresos petroleros tienden a disminuir por la trayectoria descendente de la producción y la contracción del precio en el mercado, situación que ha reducido sustancialmente los ingresos del gobierno, aunado a los problemas de recesión mundial que afectan, indudablemente, a nuestro país.

Pues bien, ahora resulta que al gobierno no le alcanzarán los recursos que obtendrá en 2010 por estos conceptos, debido a que día a día se agotan los recursos naturales como el petróleo, y elige la forma más cómoda para obtenerlos: subir los impuestos a los contribuyentes cautivos, es decir, a los mismos de siempre. Lanza una propuesta al Legislativo donde plantea a grandes rasgos lo siguiente:

1. Un nuevo impuesto para el combate a la pobreza, consistente en cobrar 2.0 por ciento por la adquisición de cualquier bien o servicio (alimentos, colegiaturas, medicinas, vestido, transporte; es decir, todo); así de simple, descuente ese porcentaje a su sueldo a partir del primero de enero de 2010.

2. Alza de 28 a 30 por ciento en el ISR para personas físicas y morales, es decir, descuente de su sueldo ingresos por honorarios, arrendamiento o actividades empresariales hasta 2.0 por ciento adicional del ISR, dependiendo de sus ingresos, y 2.0 por ciento a sus utilidades si es usted empresario.

3. Se incrementa el Impuesto a los Depósitos en Efectivo de 2.0 a 3.0 por ciento, reduciendo el límite exento de 25 mil a 15 mil pesos; por ejemplo: si usted vende su auto, cuando deposite el efectivo en su cuenta bancaria, le descontarán 3.0 por ciento a la cantidad que exceda de 15 mil pesos.

4. Aumento a impuestos especiales por consumo de cerveza en un 3.0 por ciento adicional al 25 por ciento actual; a las bebidas alcohólicas de más de 20E GL, tres pesos más por litro; a cada gramo de tabaco o cajetilla de cigarros 80 centavos a partir de 2010, hasta llegar a dos pesos; y 10 por ciento adicional a los juegos y sorteos, para quedar en 30 por ciento a quien los promueva.

5. Y ¡oh sorpresa!, un nuevo impuesto especial de 4.0 por ciento a los servicios de red pública de telecomunicaciones, así que a la internet, al teléfono fijo, celular y televisión por cable, sumemos 4.0 por ciento de este nuevo impuesto al recibo mensual.

¿Ya hizo cuentas? Pues bien, el Ejecutivo nos quiere vender estos pequeños incrementos con el argumento de que una parte se destinará a combatir la pobreza. Es decir, les entregará a los pobres una pequeña cantidad de dinero para mitigar su hambre, en lugar de darles los elementos para que lo consigan por sí mismos, como empleos, capacitación y educación, promoviendo así su desarrollo, lo cual es una de nuestras garantías constitucionales. ¡Qué paradójico resulta solucionar la pobreza al subir al mismo pueblo los impuestos, sin garantía sobre el destino de dichos recursos!

El gobierno tiene que comprender que los mexicanos estamos cansados de contribuir siempre a soportar los embates de la economía. El gobierno debe fortalecer las finanzas públicas en vez de cobrar a los mismos que desde el pasado hemos estado pagando nuestros impuestos.

Debe ampliar la base de contribuyentes, haciendo pagar impuestos a los presidentes, expresidentes, diputados, senadores y empleados públicos, que hoy están llenos de privilegios injustificables y haciendo contribuir a la economía informal y a las grandes empresas que -al amparo de las propias leyes- dejan de aportar cuando perciben cantidades multimillonarias de ingresos.

Es ilógico que muchas de las empresas más importantes de nuestro país cooperen en promedio con apenas 1.78 por ciento del total de sus ingresos, mientras que los asalariados, profesionistas y arrendadores pagamos hasta 28 por ciento de nuestros ingresos.

Resulta irónico leer y escuchar noticias donde el dispendio del gobierno en todo tipo de gastos y erogaciones es desmedido e inadmisible. Se debe terminar con las prácticas indebidas de los funcionarios públicos, quienes en forma irracional autorizan todo tipo de gastos innecesarios.

Pero esto no es todo. Los empresarios deben preocuparse por las disposiciones propuestas al Código Fiscal de la Federación, donde absurdamente, quitando seguridad jurídica, se pretenden modificaciones que llevarían a los socios y accionistas de las empresas a adquirir más responsabilidad con el fisco respecto de sus aportaciones.

Es decir, en la actualidad, los socios o accionistas de una sociedad anónima, por ejemplo, tienen limitada su responsabilidad hasta por el monto de sus aportaciones, situación que el Ejecutivo pretende eliminar cuando se trate de adeudos al fisco, ampliando esta responsabilidad hasta con el patrimonio de los accionistas.

Sin duda, algunas propuestas en esta reforma son satisfactorias. Tal es el caso del impuesto por enajenación de casa habitación, que al día de hoy exenta del mismo a la venta de casa habitación de hasta seis millones 400 mil pesos que se realicen en un año, pero si al siguiente año pretendo venderla, nuevamente estaría exento de impuesto, situación que se presta para actividades lucrativas de compraventa de casas habitación sin pagar impuestos.

En este sentido, dicha exención aplicaría siempre que en los últimos cinco años no se haya obtenido este beneficio, lo cual es bueno para recaudar impuestos. También pretende que las empresas que consolidan paguen el impuesto que con motivo de la consolidación han diferido por más de cinco años, situación también favorable para la recaudación, así como el pago del impuesto por dividendos que con el mismo motivo han venido difiriendo.

En la actualidad, las empresas que consolidan y decretan dividendos entre las sociedades que conforman el grupo, no están declarando el Impuesto Sobre la Renta sino hasta el momento en que dichas utilidades las pagan a personas ajenas al grupo. Ojalá nuestros legisladores tomen en serio su papel de representantes de la sociedad y estudien o, mejor dicho, se asesoren lo necesario para decidir por nosotros, ¿o usted qué opina?

Elaborado por Mtro. Guillermo Krebs Pérez, autor del libro Planeación fiscal de la transmisión patrimonial, profesor de la EBC en la división de Estudios de Posgrado.

mail: g.krebs@ebc.edu.mx