Las presiones presupuestales, la caída de los ingresos provenientes de la actividad petrolera y el bajo dinamismo de la actividad económica, aunado al "no" rotundo a la generalización del Impuesto al Valor Agregado, han motivado que la política de ingresos para el próximo año fiscal se centre en la incorporación de un nuevo impuesto o contribución al combate a la pobreza, que sería del 2.0 por ciento y aplicaría de forma general gravando las ventas de todos los bienes y servicios, de tal manera que la carga fiscal no se concentre en sectores específicos.

En segundo lugar, se proponen incrementos en la mayoría de los impuestos de carácter especial como el de la cerveza, bebidas alcohólicas, tabacos, así como a los juegos de azar, apuestas y sorteos.

Además del rechazo generalizado por la propuesta de esta nueva contribución, también se han criticado los relacionados con las telecomunicaciones, en el cual se establece un nuevo impuesto especial con una tasa de 4.0 por ciento a los servicios que se prestan a través de una red -internet, celulares, televisión, entre otros-, exentando sólo a la telefonía pública y rural fija, así como el servicio de interconexión entre redes públicas.

Con estas medidas el gobierno federal pretende recaudar 88 mil 527 millones de pesos: 81.1 por ciento derivado de la contribución del combate a la pobreza y el restante 18.9 por ciento de impuestos especiales. Hay otras modificaciones en materia fiscal que aportarían otros 87 mil 173 millones de pesos adicionales, particularmente a través de modificaciones a los esquemas operativos de los impuestos sobre la Renta y Empresarial a Tasa Única.

No obstante, vale la pena señalar que una opción real que tienen los legisladores para fortalecer los ingresos fiscales, sin que necesariamente impliquen nuevos impuestos como los descritos, es analizar y evaluar a fondo las filtraciones estructurales de los impuestos al Valor Agregado, Empresarial a Tasa Única (IETU), así como también a la existencia de un nutrido grupo de regímenes especiales en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), que implica para el erario dejar de percibir cuatro de cada 10 pesos que efectivamente son recaudados, lo que significa 3.9 puntos del Producto Interno Bruto, más del doble de lo que se espera captar en el 2010 con las propuestas fiscales.

En efecto, si se hace una comparación sencilla entre los ingresos que se generan anualmente por concepto de impuestos, sin incluir los derechos, productos y las contribuciones, se puede decir que para 2009, de acuerdo con las cifras proyectadas de cierre, los gastos fiscales, es decir, lo que el Estado deja de recaudar por disposiciones de ley, equivale a poco más del 40 por ciento de lo que efectivamente se recaudará al final del año y, por sorprendente que la cifra parezca, su porcentaje resulta ser el menor en los últimos siete años, pues ha llegado a significar hasta el 65.4 por ciento del total. De ese tamaño es el boquete de carácter legal que se ha construido a lo largo de los años en nuestro sistema fiscal, a lo cual habría de agregar factores tan importantes como la evasión y elusión fiscales.

Es legal pero, ¿también conveniente?

Si lo que se deja de recaudar de manera legal equivale prácticamente a cuatro de cada diez pesos de lo que efectivamente el Estado puede recaudar, bien vale la pena conocer en donde están localizados los principales conceptos por los que los diversos contribuyentes no aportan fiscalmente lo suficiente, manteniendo privilegios que posiblemente ya no se justifiquen -en la mayoría de las veces sectores poderosos y con amplios recursos para realizar esquemas de planeación financiera acordes con sus propios intereses- en momentos en que el país requiere contar con un presupuesto mayor que le permita atender de mejor manera tantas necesidades que en materia de educación, salud, infraestructura y seguridad están pospuestas o no son suficientemente atendidas, como el de la pobreza.

Impuestos negativos

El elevado gasto fiscal en materia de impuestos especiales de 2008 con respecto a otros años se debió fundamentalmente a que el precio de venta de las gasolinas y el diesel resultaron ser menores al precio productor de Pemex, lo que implicó un impuesto negativo por su enajenación de casi 196 mil millones de pesos.

En la actualidad, el 45 por ciento de las filtraciones proviene del ISR y el IETU y otro 27 por ciento del Impuesto al Valor Agregado; así, sólo entre estos tres conceptos el Estado -en sus tres niveles de gobierno- deja de recaudar recursos por el equivalente a 3.73 puntos porcentuales del PIB, es decir, cerca de 448 mil millones de pesos tan sólo en el presente año, que se caracteriza por ser uno de los años más difíciles en materia de finanzas públicas de por los menos las dos últimas décadas.

Simplemente por mencionar al ISR empresarial, son tres los componentes básicos de deducciones. Los tratamientos fiscales especiales significan para este año 36 mil 553 millones de pesos, equivalentes a 0.30 puntos del PIB, y se refieren al Régimen de Consolidación Fiscal, las exenciones que se otorgan a los contribuyentes del sector de autotransporte, así como a las personas morales dedicadas a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura.

Otro 46 por ciento, casi 69 mil millones, corresponden a las deducciones autorizadas por ley, tales como las aportaciones a los fondos de pensiones y jubilaciones, 13.5 por ciento del consumo en restaurantes, la deducción inmediata de inversiones en activos fijos, la compra de automóviles nuevos hasta de 250 mil pesos y los donativos no onerosos otorgados a donatarias autorizadas.

Un 22 por ciento se refiere al crédito al salario, esquema contemplado en ley que cuesta alrededor de 32 mil 500 millones de pesos anualmente.

Es cuestión de ajustar

En suma, como se puede observar existen muchas y diferentes opciones que se pueden analizar y evaluar con el fin de fortalecer las finanzas públicas, sin que ello necesariamente implique nuevos tributos, sino exclusivamente ajustar los actuales y eliminar privilegios que ya no soportan una evaluación seria y a fondo.

Lo importante son dos cosas. Por un lado, atender las necesidades crecientes en materia de gasto en desarrollo social y, en segundo lugar, que las finanzas públicas sean lo menos vulnerables posibles, particularmente a los ingresos provenientes de la actividad petrolera.