Con el impuesto no contribuirían todos. Un porcentaje de cuando menos un tercio, en los hechos, consume y vive fuera del mercado.

Mi suegro, César González, un panista de siempre, aunque ahora lo niegue, está muy enojado porque leyó que apoyo el impuesto a bienes y servicios de dos por ciento. Dice, como muchos panistas regiomontanos que no asumen que están en el gobierno, que ¿para qué nuevos impuestos si se los va a robar el propio gobierno, incluidos en eso desde los diputados hasta los presidentes municipales? En parte tiene razón, hay demasiado descontrol sobre los recursos públicos en nuestro país, pero eso no significa que necesariamente se roben el dinero: simplemente, en la mayoría de los casos, se gasta más y mal. Sí es indudable que apoyo el impuesto de 2% sobre bienes y servicios, más aún si se va a utilizar para luchar contra la pobreza, y lo apoyaría aunque su destino fuera otro. Lo apoyo porque es el primer impuesto generalizado que tendríamos en nuestra historia reciente y con ello se cumpliría ese principio básico de que todos los habitantes de la nación contribuyeran, con base en sus posibilidades, al mantenimiento del Estado y de sus instituciones. Quienes pagamos impuestos en México somos muy pocos: unos siete millones de personas; en forma circunstancial, pagan impuestos otros 15 millones: lo cierto es que, en todo caso, quienes contribuyen son una quinta parte de la población, un porcentaje escandalosamente bajo. Incluso con el 2% no contribuiría el total de los habitantes: un porcentaje de por lo menos un tercio de los mexicanos, en los hechos consume y vive fuera del mercado, así que tampoco tendría demasiada participación en esa contribución. Pero habría un impuesto, por primera vez generalizado, que aplicaría para todo y (casi) para todos. Voy más allá: si acorde con todas las naciones sustentables del mundo, tuviéramos un impuesto generalizado al consumo de 10 o 15%, también lo haría. Eso no implica apoyar el conjunto del paquete económico presentado por el gobierno. Su mayor carencia está en no contener medidas que fomenten la inversión y la generación de empleos. Ojalá tuviéramos un impuesto generalizado a bienes y consumo de un porcentaje mayor a 10% y se redujera el impuesto sobre la renta o se eliminara el IETU. Hoy nuestro mundo está al revés: castigamos a quien invierte y premiamos a quien consume. Para quien decide poseer una empresa, existen unos once impuestos y, en los hechos, ninguno de ellos resulta generalizado. Si usted decide tomarse una cerveza producida en México, pagará un impuesto adicional de 35%, con los nuevos incrementos fiscales propuestos, eso genera un aumento de 11% en ese producto y la pérdida de unos 30 mil empleos, pero si quiere comer un jamón importado de España, no pagará más que los impuestos de importación: para los alimentos hay tasa cero. Y por eso se le tuvieron que regresar cientos de millones de pesos a la empresa que controla las cafeterías Starbucks, que me encantan, pero nada tienen de necesidad popular, por concepto de la tasa cero en alimentos y medicinas. Nuestro sistema fiscal no tiene sentido y lo tendrá menos si se aprueba, completa, la propuesta del gobierno, o la del PRI, de eliminar regímenes de excepción y castigar aún más el ISR para proteger la tasa cero en el IVA. La del PRD (aunque dice Jesús Ortega que presentará su respectiva propuesta en estos días, todos sabemos que la buena es la de López Obrador) resulta simplemente un delirio alejado de la realidad. La salida para nuestro régimen fiscal es sencilla: nadie inventa el hilo negro y, por más que a algunos de nuestros gobernantes y legisladores les encantaría, la verdad es que no somos ninguna excepción cítrica, lo que es bueno para otras naciones, tendría que serlo en el caso de nosotros. Y en todos esos países trabajan en el fortalecimiento de los impuestos generalizados, sobre todo al consumo, porque es la única forma de universalizar las contribuciones, mientras se reducen los impuestos sobre la renta, porque ahuyentan las inversiones y el consumo, que es lo que hace mover a una economía. Eso no está en la propuesta del gobierno ni en la de la oposición. A nadie parece importarle establecer mecanismos que amplíen en forma significativa la inversión y que, al mismo tiempo, obliguen a todos a contribuir fiscalmente en el desarrollo del país. Existe demasiado descontrol sobre los recursos públicos: no necesariamente se roban el dinero, se gasta más y mal.