Edith Martínez Cinco de los 48 amparos interpuestos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco se encuentran en juzgados del DF, sin que los jueces muestren interés en resolverlos. El director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Javier Cruz Angulo Nobara, criticó que los jueces en materia administrativa de la ciudad de México tengan criterios distintos cuando se trata de temas relacionados con el daño que provocan sustancias como el alcohol y el tabaco. Explicó que mientras son “proteccionistas” de las personas en estado de ebriedad, niegan el derecho a la salud de los fumadores y de quienes no lo son. Argumentó que durante los fines de semana se emiten, en promedio, 300 amparos en contra del alcoholímetro, promovidos por los coyotes fuera del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como El Torito. A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avala como constitucional el arresto de 72 horas a quienes manejen con altos niveles de alcohol. El razonamiento de los magistrados, dijo, fue la protección de la integridad de los conductores ebrios y de aquellos que pudieran estar en riesgo. Sin embargo, cuando se trata de “las violaciones a los derechos constitucionales de la Ley General para Control del Tabaco”, declaran no poder atenderlos por la carga de trabajo o bien, el desconocimiento del tema, lo que alarga los procesos judiciales. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal indican que cada año mueren 60 mil personas a causa del consumo de tabaco y se gastan más de 30 mil millones de pesos en la atención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo.