Con gran expectativa se presentó el paquete económico del gobierno federal. Acorde con la ley, este paquete consta de tres grandes documentos. El gobierno del presidente Felipe Calderón ha puesto la propuesta sobre la mesa, ahora la última palabra la tendrán los diputados y senadores.

Hay que señalar que luego de la fuerte recesión que se está viviendo en México desde el año pasado, y que se prolongará durante 2010, el clamor ciudadano ha estado orientado a que el gobierno haga algo mucho más profundo que lo que ha hecho hasta ahora.

El momento llegó para que el jefe del Ejecutivo enviara su propuesta económica para el siguiente año. Ésta llega después de que todos sus planes económicos contracíclicos hubieren fracasado.

Para estas fechas, el plan de reactivación por medio de un mayor gasto en infraestructura no funcionó. La tregua fiscal, medida utilizada desde los treinta, nunca fue considerada.

Al contrario, el gobierno no sólo no bajó los impuestos y amplió el gasto público como Keynes, lo propuso para salir de la Gran Depresión hace 80 años, sino todo lo contrario: impuso dos nuevos gravámenes -IDE e IETU- y recortó el gasto.

Medias exactamente contrarias a las recomendadas para salir de crisis económicas y preservar el empleo. Países como EU, Inglaterra, Francia y Alemania las aplicaron, en México no fueron materia.

El gobierno está metido en el marasmo del status quo de mantener al menor costo las cosas como están. La propuesta económica desatiende medidas económicas probadas y, sobre todo, cae en lo mismo de siempre: tapar el boquete presupuestal con parches fiscales y se obsesiona con un mínimo déficit de .5 por ciento cuando en Europa oscila en 3 por ciento.

Lo que el gobierno pone en la mesa nada tiene que ver con contrarrestar los efectos de la crisis en las empresas. No contiene preceptos de política económica contracíclicos.

Propone cubrir los faltantes del gobierno para su gasto con escaso énfasis en otras materias, como el gasto público y su eficiencia, así como olvida temas, como el contrabando y estímulos a la productividad.

En plena crisis económica, cuando lo menos recomendable es establecer impuestos, se proponen dos nuevos, con lo que sumarán cuatro en esta administración. Antes el IETU y el IDE. Ahora, el Impuesto a la Pobreza e IEPS a los servicios de telecomunicaciones.

Aunque para el primero de ellos su destino está enfocado hacia el combate a la pobreza y ampliar la base de contribuyentes, en este país se ha demostrado que cuando se crean impuestos para un fin específico en los hechos es falso.

Así ocurrió con la tenencia hecha para financiar las Olimpiadas del 68. Hoy, 41 años después, es una de las principales fuentes de recursos de los gobiernos de los estados de la Federación.

La verdad es que resultará muy complicado justificar que será para la pobreza, sobre todo por la opacidad que persiste en el ejercicio del gasto y porque los temas de la transparencia fueron omitidos en la propuesta.

El nuevo impuesto a las telecomunicaciones buscará gravar todo lo que a éstas se refiere. Es decir, un teléfono celular o casero, Internet y televisión por cable o satélite, tendrán un impuesto.

Esto encarecerá esos servicios, cuando han sido muestra, alrededor del mundo, que son un elemento esencial para el desarrollo económico, la productividad y la competitividad.

Asimismo, encarecerán aún más las telecomunicaciones, que en México son las más caras de los 30 países miembros de la OCDE.

Seguiremos, por tanto, teniendo el honroso primer lugar en lo costosas de nuestras telecomunicaciones, lo que se agrava con los monopolios que existen en este sector.

El aumento al ISR e IETU serán una carga muy pesada para las empresas. El aumento en licores, cigarros y cerveza no es nada nuevo, ya que por allí siempre se buscan los faltantes.

Los "cosméticos" recortes en embajadas los vengo escuchando desde niño, suenan bien, pero son inocuos. La desaparición de dependencias no lo es tal, porque la mayoría de las personas y recursos pasarán a otras, y seguramente un gobierno siguiente las volverá abrir como ha ocurrido en la historia de la burocracia mexicana.

El recorte de 218 mil millones de pesos, que en realidad serán 80 mil millones de pesos, por la letra "chiquita", nos dice que, una vez más, nos fuimos por el lado de los ingresos y nunca por la otra parte de la ecuación, que son los gastos.

Los políticos creen que los ciudadanos son miopes, como en los sesenta. No será así, es claro que una propuesta de esta naturaleza está hecha para que el Congreso quite algunas cosas, mejore su imagen y comparta los costos con el Ejecutivo.

Así, los políticos -gobierno, Congreso y partidos-, con la mira en 2012, aprobarán un nuevo parche económico y pagarán el menor costo posible.

Investigador. Profesor del Tec de Monterrey y Universidad Iberoamericana drcamartinez@hotmail.com