* Inician vecinos de Bosque Real acciones legales, planta de autogeneración inconclusa y venta a Salame estancada; se recrudece enfrentamiento entre el CCE y CNA; alimentos procesados en la mira con impuesto al consumo

COMO ERA UN secreto a voces y el propio presidente Felipe Calderón lo adelantó, ayer se consumaron algunos ajustes en el gabinete, entre ellos la salida de Eduardo Medina Mora de PGR y su relevo por Arturo Chávez Chávez, exsubsecretario en Segob.

También dejó su cargo Alberto Cárdenas de Sagarpa, quien será sustituido por el también tapatío Francisco Javier Mayorga, cabeza de ASERCA.

Al final la machacona rumorología en torno al relevo de Jesús Reyes Heroles en Pemex, se hizo realidad, resultado de una muy mala relación con Georgina Kessel de Sener. Regresa de la IP Juan José Suárez Coppel quien en el pasado fuera la cabeza financiera de la paraestatal.

Antes de que concluya el año aún faltan otras designaciones pendientes en la agenda de Calderón, algunas muy importantes, dado el momento económico que atraviesa el país, como el caso del gobernador de Banxico.

Esa institución ha resultado básica para dar certeza al comportamiento económico, en una coyuntura que ha impactado el tipo de cambio y que ha obligado a echar mano de una política monetaria conservadora, para evitar que la inflación se destape.

Guillermo Ortiz Martínez y sus subgobernadores, en este caso José Julián Sidaoui, Roberto del Cueto, Guillermo Güémez y Manuel Sánchez se han ganado la confianza de los inversionistas, por lo que la sustitución de la cabeza del banco de bancos no es un tema cualquiera.

Hace unos días Barack Obama en medio de sus vacaciones ratificó en la Reserva Federal a Ben Bernanke y con ello eliminó cualquier riesgo de incertidumbre, pese a que el plazo vencía el 31 de enero.

Es de suponer que Calderón tomará nota de lo anterior y no esperará hasta el 31 de diciembre para despejar esa incógnita.

Dado que la relación entre Calderón y Ortiz Martínez no es la mejor se ha conjeturado que el presidente ya no confirmará al financiero, lo que está por verse.

Se ha mencionado a Agustín Carstens para que regrese a Banxico, pero el tema tendría sus complicaciones puesto que habría el riesgo de que se vulnere la autonomía del banco central.

Otra de las posiciones a cubrir es la sustitución de José Luis Soberanes en la CNDH. Se mencionan a Javier Moctezuma y Ricardo Sepúlveda.

También está el relevo en el IFAI de Juan Pablo Guerrero Amparan, para el que se habla de José Roldán Xopa.

Pero además para el 30 de noviembre concluirá la gestión de los magistrados de la SCJN, Genaro David Góngora Pimentel y Mariano Azuela Güitrón, o sea 2 de los 11 del máximo órgano de justicia del país.

Para esas posiciones suenan los panistas Luis María Aguilar y Fauzi Hamdan, y los priístas Raúl Cervantes y Jorge Moreno Collado, actual consejero de la Judicatura y muy cercano a Manlio Fabio Beltrones. Otro con posibilidades es Alberto Pérez Dayán, presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en lo Administrativo.

En las últimas dos administraciones la SCJN ha retomado un papel fundamental en materia de controversias, luego de que por décadas su quehacer se vio supeditado por la influenza omnipotente del Ejecutivo.

En el ámbito judicial se cree que Calderón debería privilegiar el servicio civil de carrera y evitar designaciones ligadas a los partidos políticos.

Y es que existe el riesgo de que decisiones de asuntos controvertidos y de gran trascendencia para el país se vean influidas por los intereses de las fuerzas políticas, como ha sucedido en el IFE a cargo de Leonardo Valdés y el propio TRIFE.

A la fecha apenas hay equilibrio entre los miembros de la SCJN con un servicio civil de carrera y aquellos que fueron designados y que eran externos, dado que hay 6 de 11.

En el primer plano estarían en la primera sala Juan Silva Meza, Jesús Gudiño Pelayo vs Olga Sánchez Cordero, Sergio Vals Hernández y José Ramón Cosío.

Por lo que hace a la segunda sala están los que se van Azuela y Góngora, Margarita Luna y Guillermo Ortiz Mayagoitia frente a Fernando Franco y Sergio Aguirre Anguiano.

Como ve, el tema tiene sus bemoles.

***

EN TORNO A los esfuerzos que realizan Carlos Peralta y Pablo Funtanet para vender el fraccionamiento de lujo Bosque Real ubicado en el Edomex, le adelantó que no hay avance con el grupo encabezado por Marcos Salame. Uno de los problemas que se han interpuesto es el de una planta de autogeneración de electricidad que no se concluyó y que estaba comprometida con los clientes que adquirieron predios. Le había platicado algo de esto. Al quedar inconcluso el proyecto el fluido eléctrico se ha obtenido de instalaciones informales con LyFC de Jorge Gutiérrez, con los riesgos que ello implica para los inquilinos. Por lo pronto algunos de ellos iniciaron acciones legales contra Consorcio Inmobiliario Lomas. Esa inmobiliaria había logrado un convenio de autogeneración de energía eléctrica con la CRE que lleva Francisco Salazar. El documento fue suscrito por Funtanet. No hay que descartar que en una de esas Inbursa de Marco Antonio Slim pudiera quedarse con el desarrollo, dado que hay un crédito por 220 millones de dólares con amortizaciones vencidas.

***

LE ADELANTABA QUE la relación entre el CCE y el CNA a cargo de Juan Carlos Cortés no es la mejor. Las fricciones comenzaron desde que este último organismo no estuvo conforme con la extensión que se abrió para la gestión de Armando Paredes. En lo que hace al cabildeo para los asuntos fiscales, CNA que agrupa a la IP del sector agropecuario ha ido por separado y ayer de plano se desmarcó del documento que emitió el CEESP que dirige Luis Foncerrada, porque no se le consultó. Así que el enfrentamiento va en serio.

***

Y HOY EN la propuesta que presentará la SHCP que lleva Agustín Carstens se da por un hecho que al menos desaparecerán un par de secretarías, SRA y Sectur, amén de otros recortes en diversas dependencias para alcanzar un ajuste de unos 90 mil millones de pesos. Se mantendrá intocado el gasto social, educación e infraestructura y se proyecta un déficit que andaría en menos del 1 por ciento, lo que implicará otros 100 mil millones de pesos. En materia de ingresos el objetivo es ir por 90 mil millones a través de aumentos a electricidad, gasolina y diesel y nuevos gravámenes quizá vía IEPS y un impuesto al consumo a alimentos procesados que ayer trascendió y que se denominará "impuesto contra la pobreza". Según esto sólo se dejaría una canasta básica intocada. Habrá que ver si los partidos, especialmente el PRI de Beatriz Paredes lo avala.