Colocado en la mesa como tributo de control en un escenario de transición con el Impuesto sobre la Renta, el gravamen derivó en un dolor de cabeza para la autoridad recaudadora y para los propios causantes. De hecho, es los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá plantear un criterio unificado frente a la catarata de amparos planteados por miles de empresas bajo la bandera de inconstitucionalidad. La razón es simple: el IETU se planteó para un escenario de bonanza económica, en cuyo marco complementaría al Impuesto sobre la Renta (ISR)… soslayándose deducciones que eran factibles bajo éste, según ello en un marco de simetría. El esquema provocó la ira de gremios como el de los transportistas, quienes llegaron a amagar con paros, con la novedad de que los amparos incluyen desde cadenas de autoservicio hasta firmas constructoras, de productos eléctricos, fabricantes de vinos y empresas medianas. Objetado desde su origen, el tributo logró librar su primer año de vigencia ante un argumento aparentemente contundente: su recaudación se elevó a 46 mil 600 millones de pesos. Más aún, se adujo que en conjunto la cosecha de éste, el ISR y el Impuesto sobre Activos había crecido en 11.4%, por más que en 2008 la actividad económica sólo lo había hecho en 1.3%. El antídoto, pues, para evitar la evasión y elusión fiscales. Sin embargo, profundizada la crisis cuyos primeros síntomas se iniciaron en octubre de ese año, el gozo se fue al pozo. Aunque la recaudación conjunta de ISR+IETU alcanzó en enero pasado 63.7 mil millones de pesos, del primero se llegó a 59.8, es decir del nuevo tributo sólo hubo una cosecha de 3 mil 900 millones. Más allá, en mayo el monto conjunto se cayó a sólo 38 mil 400 millones, de los cuales 35 mil 100 fueron con cargo al Impuesto sobre la Renta. La burbuja, pues, se desinfló de manera espectacular. Por lo pronto, en la paradoja, el cabildeo empresarial que tradicionalmente se jugaba con los panistas, ahora apunta hacia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que ha ofrecido obligar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a optar por uno u otro tributos. Más todavía, de ser el Impuesto Empresarial a Tasa Única el elegido para la expulsión, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) bajaría de 28% a 26%. La exposición de motivos habla de ofrecer incentivos a las empresas para contribuir a una rápida recuperación económica del país, en un escenario en que si bien nos va este año se registrará una caída de 8%… el doble del promedio en América Latina. A cambio de ello, la cúpula empresarial plantea eliminar los regímenes especiales del ISR que apuntan, por ejemplo, a las empresas productoras de alimentos y transportistas, por más que la insistencia sigue apuntando a un incremento gradual en la tasa cero del IVA en alimentos y medicinas, para empatarla con la general. Adicionalmente, habría un impuesto mínimo complementario, y de pasadita, tal vez, otro más para ventas y servicios a nivel estatal. Naturalmente, la Secretaría de Hacienda defenderá con pasión el tributo, alegando que no existe capacidad de maniobra, dado que 90% del presupuesto de gasto está etiquetado. Sin embargo, pareciera que la dependencia soslaya otras fuentes de ingresos, por ejemplo, el gravamen a la riqueza que se impulsa en Estados Unidos, que castigaría los ingresos improductivos. Más aún, podría en su momento revisarse la viabilidad de la exención del ISR para empresas que cruzan la venta de paquetes accionarios en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, cuyo ejemplo más nítido se dio con la venta de Banamex al Citigroup de Estados Unidos. La rebanada que dejó de percibir el fisco, es decir el país, fue de 35 mil millones de pesos, es decir el presupuesto de cuatro secretarías de Estado. ¿Y cuánto pagan las casas de bolsa por las jugosas comisiones que reciben? ¿Y cuánto las casas de apuestas y sorteos? ¿Y cuánto los grandes laboratorios de medicinas? Adicionalmente, se diría que la dependencia ha jugado con las reglas o de plano se ha hecho de la vista gorda ante las empresas que reclaman devoluciones multimillonarias de impuestos, por más que en algunos casos, como el de la operadora de franquicias Alsea, no procede el escenario jurídico. ¿Y qué hay de las firmas que reclaman el regreso del IVA que pagaron los consumidores de sus productos? Digamos que, colocado como manzana de la discordia, el Impuesto Empresarial a Tasa Única podría provocar la apertura de la Caja de Pandora. Balance general De acuerdo con las primeras versiones que ha filtrado la Secretaría de Hacienda a los legisladores electos, el incremento que se solicitará en el Impuesto Especial para Producción y Servicios (IEPS) en materia de bebidas gaseosas, vinos y licores y tabaco será de 5%, 8% y 10% respectivamente. La posibilidad, según ello, incrementará dos puntos la recaudación general. Advertida la alternativa en este espacio, por lo pronto ya se movilizó un ejército de cabilderos con proa hacia el más viable aspirante a presidir la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, es decir el exdirector de la Casa de Moneda de México, Óscar Levín Coppel. Golpazo a Iusacell En lo que constituyó la sorpresa de la semana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le comunicó a la empresa de telefonía móvil Iusacell que no le renovará la concesión para explotar las bandas de 136 y 450 megahertz en la región nueve, argumentando su falta de uso. Sin embargo, la firma había cumplido con la ruta crítica para el trámite, incluida la aprobación de los dictámenes técnicos y legales, habiendo obtenido el visto bueno tanto de la dependencia como de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). El golpe, al parecer, salió de la oficina de la subsecretaria de Comunicaciones, Gabriela Hernández Cardozo. La suspicacia habla de represalias por la denuncia presentada por el Grupo Salinas contra el director jurídico de la dependencia, Gerardo Sánchez Hankel. Ahora que en el paquete se renovó la concesión para explotar la banda de los 800 megahertz en el Distrito Federal, en un escenario plagado de irregularidades, por ejemplo la determinación de doble cobro por el uso de espectro. ¡Sorpresa! En lo que constituye la sorpresa de la temporada, la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal emitió una sentencia provisional a través de la cual declara como válida una asamblea de accionistas de la Televisora del Valle de México que se celebró en las oficinas del abogado Javier Quijano. La firma, como usted sabe, tenía la concesión para operar el canal 40 se la televisión abierta. Naturalmente, dada la aberración jurídica, Televisión Azteca ya solicitó un amparo para que los tribunales federales anulen la resolución.