Al fundamentar el proyecto en tribuna, el presidente de la referida comisión legislativa, Humberto Benítez, subrayó que entre 45 y 50 por ciento de las bebidas alcohólicas comercializadas en México son adulteradas o falsificadas, según cifras de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Remarcó por ello la necesidad de sancionar las conductas delictivas que por años se han realizado bajo el sello de la impunidad, no obstante ser consideradas un problema de salud pública.

“Con este dictamen, estamos protegiendo la salud de los hijos que asisten a los antros, y de acuerdo a la estadística, seis de cada 10 botellas de vino que se expenden son adulteradas”, dijo.

Las reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Salud tipifican como delito grave y sancionan con una penalidad de entre uno y nueve años de a quien “por sí, o a través de otro, expenda, venda o de cualquier forma distribuya bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas, o participe en la introducción ilegal de las mismas al país.”

En su turno, el presidente de la Comisión de Salud, Antonio Osuna Millán, advirtió que seis de cada diez botellas de bebidas alcohólicas son adulteradas y tan sólo en el Distrito Federal hay 2 mil 200 establecimientos que venden licor alterado.

Precisó que la problemática va en aumento por las ganancias que deja la falsificación de bebidas.

“Ponen en riesgo la salud, porque tiene una carga de metanol y etilenglicol que provocan en sus consumidores mareos, pérdida de la vista o la muerte”, alertó.

De acuerdo con el dictamen, la producción y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas ha provocado una contracción de 30 por ciento en los establecimientos, además de la pérdida de 6 mil empleos directos y 120 mil indirectos.