Colocado en la mesa por los senadores María de los Ángeles Moreno,

Federico Döring y Ramiro Hernández, además de los diputados David

Penchyna y Alma Carolina Viggiano, el ordenamiento plantea la imposición de multas de entre tres y 10% de sus ventas a las cadenas comerciales que atenten económicamente contra sus proveedores.

En paralelo, se habla de que en caso de reincidencia, las tiendas podrán ser clausuradas temporal o definitivamente.

La diferencia, pues, es abismal. Si bajo el marco de buena voluntad de las partes el peor castigo era la exhibición pública del infractor, ahora estaríamos hablando de penas pecuniarias que podrán alcanzar varios miles de millones de pesos.

Naturalmente, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y

Departamentales en lo general y las cadenas en lo particular ya lanzaron una formidable ofensiva de cabildeo contra lo que consideran un atentado contra su supervivencia.

La paradoja del caso es que el quiebre entre la tersura de un código y la dureza de una ley llegó al inconformarse los proveedores de que dos años después no había una sola denuncia ante los fedatarios del acuerdo de buena conducta aprobado por las partes.

La razón es simple: la primera exigencia para abrir una investigación era el desnudar a la empresa acusadora, lo que la coloca en riesgo de represalias no sólo por parte de la acusada, sino del resto de las cadenas.

Se diría, pues, que la posibilidad de autorregulación resultó veneno para la parte más débil de la cadena, sin que, naturalmente, hayan menguado lo que se considera prácticas abusivas.

Lo curioso del asunto es que la posibilidad de la conciliación extrajudicial se había esbozado desde 2006, al congelarse una iniciativa colocada en la mesa por el entonces senador panista Fauzi Handam, a la que se motejó con su apellido.

La exposición de motivos del ordenamiento señalaba que “los micro,

pequeños y medianos comercios, así como los proveedores, quedan en

calidad de indefensos ante la fuerza económica de los grandes

establecimientos comerciales, siendo obligados a aceptar fuertes

condiciones para seguir en el mercado, o a cerrar sus negocios ante la evidente desigualdad competitiva”.

Metidos al detalle, el texto hablaba de plazos excesivamente largos para el pago de facturas; de la obligación de industriales de asumir los riesgos del transporte; de devoluciones injustificadas de mercancías; de exigencia de cuotas para el pago de publicidad y estantes de exhibición, y de privilegiar

la proveeduría extranjera.

De hecho, el artículo 29 del frustrado proyecto de ley prohibía las acciones concertadas, pautas o acuerdos “que tengan como finalidad o puedan tener por efecto la explotación abusiva de una posición dominante en el mercado por parte de uno o varios de los establecimientos comerciales, en perjuicio de los proveedores, particularmente del micro, pequeño y mediano comercio”.

Más aún, el 31 facultaba a la Secretaría de Economía a sujetar los

contratos de proveeduría a registro previo, “cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los proveedores u obligaciones inequitativas o abusivas”.

La sanción para los infractores oscilaba desde la clausura temporal o definitiva de un autoservicio hasta la aplicación de multas en una banda de 100 a mil días de salario mínimo del Distrito Federal.

El escenario, cinco años después de congelarse la iniciativa y dos de implantarse el método de conciliación extrajudicial, sigue siendo el mismo.

Lo curioso del caso es que en afán de desactivar la Espada de Damocles, las cadenas comerciales aceptaron todo. Desde el que el Senado sancionara el Código de Prácticas Comerciales para la Competitividad,hasta el que hubiera más acción directa de la Procuraduría Federal del Consumidor para evitar abusos contra proveedores…

Total, a los dos meses todo se había olvidado.

La pregunta es hasta dónde resistirán esta vez los legisladores frente a las promesas de buena conducta del gran comercio.