El lunes pasado, 32 organizaciones -entre las que se cuentan las cámaras de comercio e industria, comisiones del Poder Legislativo e instituciones educativas, académicas y profesionales más influyentes y prestigiadas del país- se unieron para solicitar públicamente al Presidente de la República y al Congreso de la Unión la derogación del impuesto especial a los servicios de telecomunicaciones.

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se aplica básicamente a productos y servicios cuyo consumo es prescindible, o bien, productos que derivan de bienes de la nación.

Ejemplos claros de productos y servicios prescindibles son las bebidas alcohólicas, cervezas, cigarros, juegos de apuestas y sorteos. También, a través de este impuesto, el gobierno cobra la explotación de hidrocarburos derivados del petróleo, cuya propiedad es de la nación.

Hasta aquí, el IEPS parece tener una lógica subyacente y suena razonable. Sin embargo, con un afán meramente recaudatorio y sin consistencia lógica alguna, hace ya varios años el Congreso de la Unión modificó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para gravar con el IEPS a los servicios de telecomunicaciones, como si éstos fueran prescindibles o de lujo.

Aquí la lógica se rompe por completo: uno puede vivir y trabajar perfectamente bien sin beber alcohol, sin fumar y sin ganarse la lotería, pero uno no puede vivir y mucho menos trabajar sin teléfono, celular o correo electrónico.

En este sentido, nuestros legisladores y el Presidente de la República parecen creer que los servicios de telecomunicaciones son bienes de lujo, completamente prescindibles, cuando en realidad se trata de las más elementales herramientas de trabajo.

Aún más, servicios como la televisión –incluyendo la televisión restringida– han sido considerados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como esenciales para el debido ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión.

La pregunta es necesaria: ¿qué tienen en común las bebidas alcohólicas, las cervezas, los cigarros y los juegos de apuestas con los servicios de telecomunicaciones? La respuesta es contundente: ¡nada!

Nuestra querida y admirada clase política, los mismos que tienen en su manos las herramientas para derogar este absurdo y regresivo impuesto, han manifestado en muy distintos foros, llenos de convencimiento y amor por la patria, que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son herramientas indispensables para la competitividad y el desarrollo del país.

Esperemos que, aunque sea por una vez, las palabras sean acordes con los hechos. Yo, en lo personal, lo dudo y no espero nada de ellos. Me queda claro que lo que menos les importa es el desarrollo del país.

Derogando este impuesto podrían en el mediano plazo generarse más recursos para el erario público: más inversión en las TICs se traduciría en más Impuesto Sobre la Renta, más Impuesto al Valor Agregado y, sobre todo, más empleos.

Desafortunadamente, lo que los partidos quieren es más dinero rápido para seguir repartiéndoselo como botín.

Necesitan sacar dinero de donde sea para su fiestecita del 2012, que bajita la mano y de acuerdo con el presupuesto solicitado por el Instituto Federal Electoral para el próximo año, nos va a costar 25,000 millones de pesos.

El IEPS en los servicios de telecomunicaciones y el despilfarro de los partidos políticos son en verdad impuestos al desarrollo, graves lastres que mantienen al país en la pobreza y la descomposición social.