“No podemos seguir con esos niveles de deuda y es inaudito que los legisladores pidan más dinero y no se comprometan en cumplir con transparencia, eficiencia y rendición de cuenta“, dijo.

Entre las afectaciones que esto causa a la iniciativa privada destaca la corrupción y discrecionalidad que trae como consecuencia falta de claridad y equidad en licitaciones públicas. “Tenemos problemas de subejercicios o gasto público que no es prioritario y encontramos problemas de retazos o falta de pagos oportunos”.

A ello se suma la falta de certidumbre jurídica para la planeación de la gestión administrativa, financiera y operativa de las empresas que detiene la inversión y gestión empresarial.

Dijo que la corrupción repercute en la falta de decisiones estratégicas, planeación a mediano y largo plazo, servicios públicos malos y menos apoyos para impulsar las economías estatales.

“Se estima que el costo de la corrupción equivale a 9% del PIB; las empresas gastan 10% de sus ingresos en ello, como una necesidad operativa; 44% realiza pagos extraoficiales a servidores públicos y siete de cada 10 empresas ve mermada su competitividad por esta situación” dijo.

Mario Sánchez Ruiz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que al ser la deuda de los estados de 3% del PIB (más de 300 mil millones de pesos) es necesario saber a qué se han destinado y cada estado tendrá que justificarlo.

Explicó que los recursos federales tienen como fin dar servicios a la sociedad y crecer la infraestructura, con la cual las empresas generan empleos así como el surgimiento de nuevas compañías en distintas ciudades.

“Si los recursos no se enfocan a generar esa infraestructura habrá menos firmas que tengan el deseo de instalarse en un lugar donde no se cuente con lo necesario”.

Para el líder, la infraestructura es clave y se tiene que seguir invirtiendo arriba de 20% del PIB para mantener un creciendo a las tasas que el país necesita, pero se debe tener certeza de lo que hacen los gobiernos estatales con los créditos obtenidos.

Con el objetivo de mejorar el nivel de los estados y municipios así como el uso adecuado del dinero, la Coparmex ha propuesto la homologación de las legislaciones de los institutos de transparencia estatales con la del IFAI.