Además, abogados cuestionaron que se haya detenido a los padres de la adolescente de 15 años, y no se investiguen cuestiones más graves como la corrupción que hizo posible la realización de la fiesta en el Centro de Readaptación Social (Cereso) local.

María Leticia Franco González, de 37 años, y Jorge Antonio Vega Carrillo, de 43, enfrentan los cargos de omisión de cuidados, y contra la formación de personas menores de edad.

El Código Penal del Estado de Chihuahua establece en su artículo 154 que se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión “a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla”.

Lo anterior, en lo que se refiere al ilícito de omisión de cuidados, delito del que fueron acusados los padres de la menor, ya que dijo ante las autoridades que no vivía en su casa, desde principios de junio.

Mientras que el artículo 181 comprende lo relativo al delito contra la formación de las personas menores de edad.

“A quien por cualquier medio, procure, induzca o facilite a una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho al consumo de bebidas embriagantes o sustancias tóxicas, para que adquiera los hábitos del alcoholismo o la fármaco dependencia”, indica el código.

En ese artículo se establece también que quien incurra en ese delito, y se le pruebe su responsabilidad, se le impondrá una pena de seis meses a tres años de prisión, y de trescientos a mil días de multa.

El viernes, cuando los papás de la adolescente de 15 años fueron presentados ante un juez de Garantía, la representación social los acusó de ese delito no por comisión, sino por omisión, ya que “no estuvieron al pendiente de su hija”.

Expertos en la materia dieron a conocer que cuando un inculpado enfrenta cargos por distintos delitos, y se le comprueba su participación, las condenas son acumulables.

Ése es el escenario que enfrentan los padres de la menor de edad que aseguró haber acudido el domingo a una fiesta en el Cereso, donde consumió drogas y alcohol, acorde con la información que dio a conocer el agente del Ministerio Público.

La adolescente también refirió que tuvo relaciones sexuales con un interno, a quien únicamente identificó como Manuel o “El Perico”.

Justo esos hechos causaron reacciones diversas entre abogados, quienes por cuestiones profesionales solicitaron la reserva para su identidad.

“Es que muchas personas estuvieron involucradas en el caso; sólo detuvieron a los papás como un manejo de estado. ¿Por qué no procedieron contra las autoridades del Cereso?”, cuestionó un litigante.

Consideró que, incluso, de identificar al preso que tuvo sexo con la menor, tendría que ser sometido a proceso por el delito de estupro.

“Es una menor de 18 años: eso también tendría que investigarse”, agregó.

Otro defensor comentó que es necesario que presenten a “los que permitieron” la presencia de otras menores de edad en el reclusorio local. Así como las drogas y el alcohol que se consumieron en la fiesta que realizaron el domingo pasado.

“Todos los que participaron en la realización de ese evento tendrían que enfrentar a la justicia por el delito contra la correcta formación de las personas menores de edad. Pero no sólo eso, también por la corrupción que impera en el Cereso”, mencionó.

Sin embargo, consideró que la policía investigadora “actuó de manera correcta al detener a los padres porque incurrieron en un delito.”

“Hay que estar al pendiente de los hijos: si los tiene, hay que cuidarlos. En eso fallaron ellos pero, no creo que sea lo más grave”, indicó