El gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, encabezó dicha reunión junto con el secretario de Gobernación, Francisco Blake y Marcelo Ebrard, presidente de la Conago y jefe del Gobierno del DF., donde el mandatario chihuahuense destacó que "uno de los temas más importantes en la agenda nacional es sin duda la seguridad pública, y que los cuatro grupos que hoy quedaron instalados tienen tareas estratégicas para la protección y tranquilidad a la que tenemos derecho todos los mexicanos".

De igual manera, destacó que lo más importante es darle seguimiento a los acuerdos que se toman en las reuniones nacionales para que rindan frutos, por lo que los grupos de trabajo deberán presentar sus resultados a más tardar el próximo 15 de agosto, toda vez que se trata de temas que impactan en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2012, sin menoscabo de dar continuidad y seguimiento puntual a cada una de sus propuestas, acuerdos o resoluciones.

Cabe destacar que los grupos instalados este día de inmediato iniciaron sus actividades respectivas.

A este evento asistieron también el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame Castillo, así como representantes de las distintas dependencias federales y de los 32 estados de la República.

La conformación de las cuatro mesas quedó integrada de la siguiente manera:

a) Análisis de la incidencia delictiva de alto impacto, conformado por las entidades federativas de Guerrero, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Sinaloa.

b) Análisis presupuestal, integrado por los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Distrito Federal, Durango, Querétaro (coordinador), Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas.

c) Propuestas en materia de adicciones y alternativas educativas para jóvenes, formado por los gobernadores de Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Morelos, Nuevo León y Zacatecas.

d) Trabajo para el análisis de un sistema de registro biométrico de extranjeros que cometen delitos en el territorio nacional. Los integrantes de este grupo son Baja California, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Tamaulipas.

Cabe recordar que en la reunión celebrada en Chihuahua capital se lograron diferentes acuerdos en las mesas de trabajo establecidas para los objetivos antes citados, siendo estos lo siguientes:

MESA1: Fortalecimiento y Articulación Institucional:

1. Es indispensable que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal faculte a los congresos estatales para poder legislar lo relativo a la implementación del Mando Único Policial en sus respectivas entidades federativas.

2. Se actualicen los protocolos para la aplicación de pruebas de control de confianza a la Policía Estatal Acreditable. Revisar los lineamientos, filtros y exámenes que existen al día de hoy en el Estado mexicano para acelerar el ritmo de reclutamiento y depuración de las policías.

3. Se requiere un mecanismo que permita a la ciudadanía participar en los esfuerzos de coordinación.

4. Es necesario examinar con detenimiento el tema de la seguridad fronteriza, precisando que se deben atender no sólo las problemáticas de la frontera norte, sino además dedicar esfuerzos a las correspondientes a la sur.

4.1 Se propone la construcción de filtros con la participación mixta de las fuerzas del orden, a fin de que logren detectar el tráfico ilegal de armas, drogas, explosivos y personas.

4.2 Solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional el establecimiento de destacamentos en zonas estratégicas para contener el desplazamiento de delincuentes.

5. El fortalecimiento institucional pasa por la dignificación de los cuerpos policiacos, la revisión de los salarios que perciben los policías, el mejoramiento en el equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos a nivel local, que es fundamental, y que es necesario que se vean reflejados en el tema presupuestal.

MESA 2: Medición y Evaluación de la Seguridad Pública:

1. La instrumentación, a partir del próximo mes de septiembre del "Sistema de Evaluación de Políticas y Acciones de Seguridad Pública", derivado de la necesidad de un examen crítico de las estrategias utilizadas por las autoridades el día de hoy con el firme propósito de corregir los errores y reforzar aciertos que se han tenido y bajo una evaluación que considere la diversidad regional.

2. Pactar con el INEGI el Catálogo Mexicano de Delitos de alto impacto para fines estadísticos, tomando como base el catálogo aprobado por la Conferencia Nacional de Gobernadores.

3. Convenir con organizaciones de la sociedad civil y observatorios ciudadanos la adopción de un sistema de evaluación independiente y compartido.

4. La Conferencia tendrá varios instrumentos, como su encuesta de victimización y otras fuentes de información que deben ser complementarias a las de las instituciones federales.

MESA 3: Sustentabilidad Financiera de la Seguridad Pública:

1. Es necesario establecer criterios claros, justos y equitativos para el sustento financiero y presupuestario, así como ampliar la bolsa de recursos. Los nuevos desafíos no permiten a las entidades federativas sujetarse a las actuales fórmulas de distribución del dinero público. Es menester replantear la manera en que se asignan los recursos y lograr que las reglas de operación sean instrumentos que faciliten el acceso a los mismos, así como transparentar su inversión.

2. La descentralización de competencias en materia de seguridad pública debe de estar acompañada necesariamente de los recursos para cumplirlas cabalmente en todos los órdenes de gobierno.

3. Reformar la Ley de Coordinación Fiscal a efecto de que el monto de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) sea el equivalente al 1% de la recaudación federal participable.

4. Asignar recursos adicionales para la implementación del Registro Público de Vehículos.

5. Regularización del Subsidio para la Seguridad Pública en Municipios a través de un programa de gasto en el Presupuesto de Egresos federal:

5.1 Que se incremente el número de municipios beneficiados.

5.2 Que se establezcan reglas de elegibilidad y operación de común acuerdo entre los tres órdenes de gobierno.

6. Respecto al Fondo de Socorro de Ley, solicitar al Gobierno de la República los recursos suficientes para cubrir los gastos en que incurren los estados en la manutención de los reos federales.

MESA 4: Seguridad Democrática y Cultura de la Legalidad:

1. La seguridad es responsabilidad del Estado, éste tiene el deber de alentar la participación ciudadana e incluir estrategias no sólo coercitivas, sino esencialmente preventivas, basadas en la educación, la cultura, el deporte, los valores y la identidad nacional a fin de impulsar la cohesión social y el abatimiento de la marginación y desigualdad social, entre otros factores.

2. Reducir los índices de inseguridad es también un asunto de transformación cultural, fincado en la actuación del individuo conforme a la legalidad dentro y fuera del gobierno, tanto por formación, como por conocimiento de la innegable aplicación de la ley.

3. Basar la política de Estado en materia de seguridad pública en los siguientes factores:

3.1 Defensa de los derechos humanos.

3.2 Prevención del crimen.

3.3 Persecución de delitos del fuero común.

3.4 Dignificación del policía como profesional y como persona.

3.5 Formación en valores.

3.6 Regulación del uso legítimo de la fuerza. Necesidad del uso justificado de la fuerza, estableciendo reglas claras para la autoridad y el ciudadano que eviten abusos del primero y defienda los derechos del segundo. Garantizando a todos la convivencia armónica dentro de la cultura de la legalidad. Así como se vela por los derechos, no se pueden volver vulnerables a quienes aplican el uso de la fuerza conforme a derecho.

4. Impulsar la creación de la Ley Nacional de Atención a Víctimas del Delito y la Ley Nacional de Atención a las Adicciones.

5. Integrar un frente común acerca del análisis del narcomenudeo.

6. No es suficiente implantar acciones policiales y el uso simplista de la fuerza, se debe procurar la rendición de cuentas, disminuir la impunidad, reglamentar la acción policial y militar, definir indicadores de medición que permitan evaluar, entre otros factores, la correlación entre presupuesto y abatimiento del delito.

MESA 5: Procuración y Administración de Justicia:

1. Promover la adecuada armonización normativa en todas las entidades federativas que aún no han legislado sobre el combate al narcomenudeo y el nuevo Sistema Acusatorio de Justicia mediante un documento base que establezca los criterios generales, entre otros, los presupuestales, sobre los que se deben realizar las reformas.

2. Que la federación destine los recursos incautados provenientes de la delincuencia organizada para crear o fortalecer las unidades de inteligencia patrimonial y económica en las entidades federativas con el propósito de contar con las herramientas que permitan disminuir la fortaleza económica de origen ilícito.

3. Que se armonice con el régimen legal de competencia federal en materia de "lavado" de dinero y la extinción de dominio para controlar fuentes de financiamiento de la delincuencia. Asimismo, es indispensable que los gobiernos estatales legislen en dicha materia para impedir el flujo de capitales hacia las organizaciones delictivas.

4. Que el Presupuesto de Egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2012 apruebe la ampliación del fondo de subsidio para la implementación de la reforma penal, así como el combate al narcomenudeo, debido a que el actual es notoriamente insuficiente para las entidades federativas.

5. Implementar un programa nacional permanente para reducir el rezago histórico para el cumplimiento de mandamientos judiciales, como parte del seguimiento al Operativo Conago 1.

6. Revisar la legislación en materia de extinción de dominio con la federación y la Conago a fin de establecer un marco normativo eficaz con pleno respeto a los derechos humanos.

7. Acciones para la dignificación de la policía, no sólo en su capacitación, sino en el reconocimiento, la confianza, el orgullo y revaloración de ésta como institución.

8. Mejorar el funcionamiento de las unidades antisecuestro, ya que el trabajo eficaz redunda en la disminución de la tasa de este delito.

9. Impulsar la reforma legal correspondiente para afianzar la participación de consejeros ciudadanos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

MESA 6: Prevención Social del Delito y Fortalecimiento de la Cohesión Social:

1. Se ha llegado al acuerdo de volver la mirada a la sociedad. Tratándose de seguridad pública, el primer compromiso es con la participación de la sociedad. Por eso debe existir una práctica institucional, como lo es la Convención Nacional de Seguridad Pública, abrir espacios permanentes a las voces de la pluralidad social.

2. Poner el acento en el contenido humano y social de las estrategias de seguridad, además de las acciones de inteligencia y policiacas.

3. Las voces de la sociedad son indispensables para valorar objetivamente el funcionamiento de las instituciones y para no caer en la tentación de la dictadura del diseño de las políticas públicas.

4. Estimular la participación de los jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior en proyectos de "Vínculo Ciudadano Comunitario".

5. Fortalecer el presupuesto de la federación con propuestas para el rubro de desarrollo social a fin de construir más espacios públicos y llevar a cabo el nuevo programa de convivir mejor con recursos libres de paripassu, para fortalecer realmente la cohesión social.

6. Vertebrar las políticas de los tres niveles de gobierno para focalizar la educación técnica, superior y la capacitación a los requerimientos de la demanda productiva.

7. Necesitamos reconocer a la fuerza de la juventud, el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo.

MESA 7: Sistema Penitenciario Nacional:

1. En el sistema penitenciario se encuentra uno de los problemas más graves de la crisis de seguridad del país, persisten rezagos en materia de profesionalización, equipamiento, tecnología e infraestructura física. Esta situación propicia otras condiciones de operación precaria y deficientes, así como la sobrepoblación, corrupción, violencia, y afectación de los procedimientos de reinserción.

2. Revalorar la misión fundamental que compete a las instancias del sistema penitenciario nacional para la seguridad y estabilidad de la nación, toda vez que históricamente han sido la vertiente de la seguridad pública que menor apoyo ha recibido por parte del Estado mexicano.

3. Gestionar ante la SHCP la creación en el Presupuesto de Egresos de la federación, a partir del ejercicio 2012, de un Fondo para el Sistema Penitenciario de las entidades federativas.

4. Continuar con el traslado de los reos federales a los Ceferesos y los reos de alta peligrosidad del fuero local a dichos centros.

5. Revisar los criterios que determinan los montos del socorro de ley y, en su caso, solicitar apoyos financieros adicionales para la manutención de los internos federales.

6. Convenir con las fuerzas federales la colaboración temporal en actividades de vigilancia perimetral y control de aduanas en aquellos centros que se encuentren en situación crítica o de riesgo.

7. Crear en cada entidad federativa una instancia administrativa responsable del seguimiento de los sentenciados liberados a efecto de promover y supervisar su reinserción productiva a la comunidad.

8. Establecer convenios con las cámaras industriales, empresariales y de servicios locales, con el objetivo de identificar espacios laborales (bolsas de trabajo) para las personas que cumplieron condenas y desarrollaron competencias técnicas y laborales.

9. Identificar en las dependencias estatales y municipales empleos administrativos o manuales susceptibles de ser desarrollados por quienes fueron sentenciados penalmente, sin que esto último sea motivo de exclusión.

10. Instrumentar un protocolo nacional para el tratamiento y la atención de las adicciones en la población penitenciaria.

11. Proponer a los poderes judiciales de los estados reformas al marco jurídico correspondiente a efecto de atribuir a los jueces penales y de ejecución prórroga de la competencia en todo el territorio estatal.

12. Celebrar en el mes de septiembre próximo, en el estado de Sinaloa, un encuentro nacional con invitados internacionales para analizar los retos y perspectivas del sistema penitenciario a fin de revisar las mejores prácticas en la materia que permitan definir políticas, estrategias y acciones que se someterán al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

QUINTO.- A propuesta del gobernador Andrés Granier Melo, coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste de esta conferencia, se aprobó el siguiente:

La necesidad del despliegue inmediato de más fuerzas federales en la frontera sur;

1. La puesta en marcha de bases de operaciones conjuntas de fuerzas federales y estatales en lugares estratégicos;

2. La integración de un Grupo de Coordinación Regional con la participación de los tres órdenes de gobierno;

3. El establecimiento de pasos migratorios formales que cuenten con la ubicación, la infraestructura y el equipamiento requerido;

4. La depuración permanente de mandos y personal operativo del Instituto Nacional de Migración;

5. El exhorto, al H. Congreso de la Unión para que se agilice la discusión y, en su caso, la aprobación de la creación de la Policía Fronteriza;

6. La petición para que en la elaboración del reglamento de la Ley de Migración sea tomada en cuenta la opinión de todos los estados del país;

7. Y el llamado respetuoso a los congresos locales para que den prioridad a la revisión de las reformas a la Ley de Trata de Personas, emitiendo o modificando su legislación en esta materia.

8. Nuevamente:

9. La permanente cobertura de los medios de comunicación sobre la violencia que persiste en la zona;

10. Las violaciones y delitos cometidos en contra de los migrantes que registran organizaciones civiles y la Comisión Nacional de Derechos Humanos;

11. Así como la reciente comparecencia del Comisionado del Instituto Nacional de Migración en la Cámara de Diputados federal confirman que la frontera sur es un tema de Seguridad Nacional y prioritario para el respeto de los derechos de los migrantes.