Romeli Alvarado Martínez, Agente Segunda del Ministerio Público de Protección a la Familia, indicó que en lo que va del año han iniciado 350 demandas de las cuales aproximadamente el 60 por ciento son por estas dos causas.

Precisó que la incidencia en este tipo de delitos está asociado particularmente al consumo de alcohol y en segundo a la serie de problemas económicos que enfrentan los padres de familia, lo cual suele detonar en violencia de diversos tipos (económica, sicológica, física) y con ello afectando las relaciones entre los integrantes de la propia familia.

“Esta influyendo demasiado y principalmente el alcoholismo y en segundo la cuestión económica, hay mucha personas desempleadas y creo que eso es un factor clave para que surjan discusiones por la falta de dinero”.

A pesar de que en estos momentos una buena parte de la población victorense atraviesa por un periodo vacacional, Alvarado Martínez agregó que las denuncias no disminuyen.

“En un día que está tranquilo tenemos hasta tres denuncias por este tipo de delitos, pero hay otros en donde se toman 10 diarias”.

En el caso de las personas que enfrentan un proceso por abandono de obligaciones alimenticias, la responsable de la agencia sugirió a los padres no dejar de aportar el gasto para los hijos, pues añadió que aún y cuando este no cuente con el recurso suficiente para entregar la cantidad total acordada por un juez, es preciso que no deje en completo desamparo a los menores.

Por último mencionó que la ley establece castigos para los padres que en su momento dejaron de suministrar el apoyo económico a los hijos, siendo estos prisión (a criterio del juez, pudiendo llegar a ser de hasta un año) y el pago total de los meses atrasados de pensión alimentaria.