El dinero que los contribuyentes trasladamos al Gobierno a través de los impuestos pasa a formar parte de la corriente del gasto público, pero sigue presente en la economía doméstica.

En todas las discusiones acerca de los impuestos y el gasto público, con frecuencia perdemos de vista que el fondo de todo es si el efecto del uso del dinero será más positivo en manos de un individuo o empresa, o en manos del Gobierno.

Hay sociedades exitosas cuyo Gobierno usa muy pocos recursos de sus ciudadanos, como Singapur, cuyos impuestos equivalen al 13 por ciento del PIB, o Hong Kong, que tiene una tasa marginal máxima de 20 por ciento para las personas físicas y 17.5 por ciento para las empresas.

Pero, por otra parte, existen países que tienen un gasto público muy alto financiado con impuestos elevados, y que son economías con alta productividad y competitividad, como las de Finlandia o Noruega, con un peso de 43 por ciento de los ingresos en el PIB.

No hay una regla universal. La historia de cada nación y la calidad de la administración pública determina si más dinero o menos dinero en manos del Gobierno es mejor o peor para la economía.

De acuerdo con los datos de la OCDE, el promedio de los impuestos totales como porcentaje del PIB es de alrededor de 35 por ciento. En México, ese porcentaje alcanza el 20.5 por ciento.

Si vemos cierto tipo de impuestos, los contrastes son todavía mayores.

El impuesto a las ganancias representa el 13 por ciento del PIB en promedio en la OCDE y, por ejemplo, en los países nórdicos es apenas menor al 20 por ciento.

En México alcanza el 5.7 por ciento.

La diferencia es mucho menor en el caso de los impuestos indirectos. El promedio en la OCDE es de poco más de 11 por ciento, mientras que en México es 10.9 por ciento. Claro que si se deja solamente el IVA (pues en ese total están los ingresos petroleros), entonces el porcentaje en nuestro país es de apenas 3.8 por ciento.

Los impuestos que paga un trabajador promedio en la OCDE son de 37.7 por ciento. En México son de 15.3 por ciento.

En la mayor parte de los países desarrollados, la transferencia de recursos de empresas y familias al sector público significa una administración que permite la provisión de servicios públicos eficaces, como la salud, la educación o la seguridad.

Si en nuestro país hubiera evidencias de que el Gobierno es un buen administrador de los recursos de la sociedad, habría mucho menor reticencia para pagar impuestos.

Se concebiría que pagar más significa una mejor calidad de vida para la gente y mayor competitividad para las empresas.

El problema es que las experiencias, tanto las cercanas como las lejanas, muestran que cuando el Gobierno mexicano tiene más dinero, usualmente administra mal.

Un caso fue el sexenio de López Portillo, cuyo fracaso en la "administración de la abundancia" dio pie a una crisis financiera de extrema gravedad.

La experiencia cercana tiene que ver con lo que ha pasado desde el año 2000. El gasto público programable -es decir, el que tiene en sus manos efectivamente el Estado- creció en 56.6 por ciento en términos reales. En este lapso, el gasto en exceso al que se realizó en el último año de Zedillo tuvo una suma acumulada de 2.8 billones de pesos a precios de 2009.

Esa cantidad impresionante de dinero, sin embargo, no significó ningún cambio de fondo en la sociedad mexicana.

Cuando el Gobierno de México demuestre las capacidades de un Estado como el de Noruega o Finlandia para gestionar el dinero de todos, en ese momento dejará de haber reticencia a pagar más impuestos, como nos habrán de exigir desde el día de hoy.