El municipio de Monterrey enfrenta actualmente 23 procesos de amparo a favor de bares y establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, de los cuales 19 son llevados por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el resto los resolverán tribunales federales.

De los 19 procesos en el Contencioso, 18 se llevan en la Primera Sala Ordinaria, a cargo del magistrado José Alfonso Solís Navarro.

El único restante se radica en la Sala Segunda, a cargo de la magistrada Aurora Gámez Cantú.

De acuerdo al director jurídico de Monterrey, Adrián González Navarro, en lo que va de la administración no han logrado que a un solo negocio se les revoque la suspensión otorgada por los magistrados, a pesar de que acreditan haberles sancionado por conductas violatorias del Reglamento Municipal de Alcoholes.

“Nosotros presentamos algún escrito haciéndole ver que ese negocio incumple con ciertas medidas de seguridad o algunas disposiciones de Protección Civil o medidas de inspección y vigilancia, y tratamos que se modifique la suspensión que se otorga, (pero) hasta la fecha no tenemos mucha respuesta en ese sentido” aseguró el funcionario.

Ante ello, el pasado 18 de mayo la administración municipal presentó ante el Congreso del Estado una queja debido a que se consideró injusta la actuación de los magistrados del Tribunal en torno a las suspensiones otorgadas a bares, en los que incluso se ha detectado la presencia de actividades relacionadas al crimen organizado.

Del mismo modo, el 17 de junio de 2011 el Poder Legislativo del Estado turnó a comisiones el escrito presentado por el alcalde Mauricio Fernández Garza en contra de las presidenta del tribunal, Juana María Treviño Torres, así como de los otros dos magistrados que componen el pleno del tribunal, a fin de iniciarles un procedimiento de juicio político “por supuestos actos u omisiones que dañan los intereses públicos”.

La demanda de juicio político encuentra en análisis dentro de la Comisión de Seguridad y Justicia que preside el legislador priista César Garza Villarreal.

Según González Navarro es indispensable reformar los procedimientos que se llevan a cabo en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo “porque los municipios no tenemos una vía fácil para poder hacerle ver a las autoridades el que cuando otorgan una suspensión a veces están permitiendo que un establecimiento nocivo, socialmente hablando, continúe laborando”.

El funcionario municipal agregó que con la nueva Ley de Prevención y Combate al Abuso del Alcohol, el estado será competente para revocar las licencias de venta de alcohol otorgadas por los municipios, en caso de que se registren violaciones a la ley.

“La clausura va a seguir siendo competencia municipal, la revocación de estas licencias las hará el estado cuando considere que por algunas violaciones reiteradas a los horario o por las conductas de cómo se ha venido desenvolviendo un establecimiento sea necesaria la revocación”, detalló.

Claves

Figura clave

• José Alfonso Solís Navarro es uno de los magistrados que el alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, ha acusado reiteradamente de corruptos.

• Dentro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, ha concedido suspenciones a 18 antros que violentan normativas.