El documento ha recibido un amplio apoyo, dado el impacto en la salud pública por el uso nocivo del alcohol. Los delegados plantearon la necesidad de asignar recursos humanos, técnicos y financieros de acorde con la magnitud del problema en la Región. Cambios menores en el documento y la resolución fueron propuestos. Una cuestión que se planteó fue una discusión sobre el papel del sector privado.

Mientras que una relación con la industria del alcohol y sus asociaciones crea un conflicto de intereses con los objetivos de la salud pública y el trabajo de la Secretaría, se reconoció que una interacción con este sector debe llevarse a cabo, con el objetivo de aprender lo que ellos pueden aportar para reducir el uso nocivo del alcohol.

Por otro lado, la función más amplia del sector privado fue reconocida, en particular a través de sus vínculos con los empleados que pueden beneficiarse de intervenciones para reducir el uso nocivo del alcohol. La mayor parte de los costos sociales del alcohol a la sociedad provienen de las pérdidas en la productividad del trabajo. La resolución será revisada y presentada de nuevo mañana (Junio 21).

La difusión de la evidencia científica sobre la política de alcohol ha sido financiada por la Generalitat Valenciana, a través de la traducción en español y publicación del libro “Alcohol: Un Producto de Consumo no ordinario”. Ademas, la OPS tiene un convenio de Cooperación con la Generalitat Valenciana para acciones de reducción del consumo nocivo de alcohol en seis países de la América Central (Republica Dominicana, Guyana, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Panamá).