Medina de la Cruz, acompañado de la alcaldesa Ivonne Álvarez y del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Nuevo León, Jorge Luis Mancillas Ramírez, entregó reconocimientos a José Antonio Arroyo Velázquez; Rigoberto Robles Molina, Javier Guadalupe Molina Álvarez y Juan José Arellano Reyes, los cuatro egresados de esta primera generación.

Sin embargo, aún hay 17 personas más que reciben el tratamiento. Con ello se busca que personas que cometieron delitos bajo el influjo del alcohol o las drogas, pueda acceder a un tratamiento, y al momento de aceptarlo su proceso penal queda detenido, y en caso de culminar el tratamiento la persona sale en libertad.

Dicho tratamiento solamente aplica si el delito es el primero cometido por el detenido.

El gobernador Rodrigo Medina señaló la importancia de estos tratamientos, mismos que son utilizados en pocos países del mundo, pues con ello se corrige la problemática en un individuo para que pueda ser útil a la sociedad y su problema de adicciones se resuelva.

“Una estrategia que únicamente esté fincada en el combate a la delincuencia a través de la fuerza es una estrategia incompleta, es una visión miope de la realidad, por supuesto como lo he dicho y lo repito hay que fortalecer a nuestras instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia, hay que entrarle con todo hacia aquellos que nos quieren hacer daño, aquellos que quieren envenenar a nuestra juventud, que quieren mancharnos la casa de sangre.

Pero por otro lado, hay que darle oportunidades a la gente, hay que trabajar muy fuerte en el aspecto social, de generación de riqueza, de oportunidades de empleo, educativas, hay que impulsar fuerte al deporte, hay que hacer este tipo de programas como el que el Poder Judicial en este momento nos está compartiendo que son de gran éxito”, señaló.

El Tribunal para el tratamiento de adicciones está integrado por diversas dependencias y se compone por un juez (de preparación penal), que supervisa directamente la evolución del participante en el programa; un coordinador, quien llevará la información estadística del programa; el agente del ministerio público; el defensor del participante; el Centro de Tratamiento (Secretaría de Salud) y el oficial de vigilancia (Seguridad Pública del Estado).