El Pleno del alto tribunal decidió retomar la discusión de un asunto que ya había abordado el año pasado, para adecuar los argumentos a la luz de las modificaciones constitucionales publicadas el 10 de junio.

Se trata del respeto a la garantía de trabajo, cuando una autoridad administrativa ordena jornadas laborales a favor de la comunidad en el momento en que una persona infringe un reglamento gubernativo o de policía.

Los ministros determinarán si la Ley de Prevención de Adicciones y el Consumo Abusivo de Bebidas Alcohólicas y Tabaco del Estado de Yucatán violan garantías constitucionales relacionadas con las recientes reformas en derechos humanos.

La Procuraduría General de la República presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de dicha ley, pues consideró que las sanciones sólo pueden ser impuestas por un juez, mas no por autoridades administrativas.

Sin embargo, el proyecto que elaboró el ministro Luis María Aguilar propone que estas normas no violan garantías individuales, pues la Constitución distingue entre una sanción administrativa y una pena impuesta por autoridad judicial.

No obstante, el ministro Ramón Cosío Díaz solicitó que se revise el tema en relación 'con la nueva incorporación de derechos fundamentales a nuestro orden jurídico y su jerarquía'.

Al respecto, el presidente de la SCJN, Juan Silva Meza, afirmó que el análisis del caso debe ser diferente en el tema de libertad de trabajo, por lo que ahora se debe votar bajo la nueva perspectiva.