Desarrollo Económico (OCDE), que señala letra por letra que México no debe apresurarse a una

consolidación fiscal que agrave la recesión innecesariamente.

Reforma de fondo sí, pero en su momento, es decir, cuando esté realmente cimentada la

posibilidad de recuperación. Por lo pronto, en un documento de circulación interna entre la

bancada del ex partido oficial, en cuya elaboración contribuyeron el ex secretario de Hacienda,

David Ibarra Muñoz, y el ex subsecretario de Ingresos, Francisco Suárez Dávila, se plantean

algunas pinceladas para trazar el boceto:

No puede plantearse una fórmula de carácter estrictamente recaudatorio.

La reforma tributaria no puede concentrarse, como algunos pretenden, en el Impuesto al Valor

Agregado, pese a que tampoco puede excluírsele. Se requiere actuar sobre el Impuesto a la Renta

para personas físicas, haciéndolo más progresivo sobre los altos ingresos.

Adicionalmente, se plantea un aumento sustancial en el impuesto predial que cobran entidades

federativas y municipios, además de imponer sanciones al derroche de agua.

La alternativa habla, asimismo, de un gran programa de racionalización del gasto del Estado en

todos los niveles, considerando que el gobierno federal es capaz de hacer sacrificios, y que las

entidades federativas rendirán cuentas más claras ante el aumento de sus participaciones.

El eje de la reforma, según ello, sería la definición de un gran objetivo social que garantice una

ampliación efectiva de la red de protección a los sectores más débiles. Bajo ese prisma, se

convocaría a un pacto nacional en afán de involucrar a todos los sectores en el objetivo común de

contribuir para el despegue.

Naturalmente, a estas alturas se estaría usted preguntando cómo rayos le haría el fisco sin reforma

fiscal para paliar el formidable boquete en la recaudación. Bien, pues la respuesta es mayor

endeudamiento.

De acuerdo al documento intitulado La política económica para 2010, se podría llegar a un déficit

ingresos-egresos equivalente a 4% del Producto Interno Bruto, es decir, el doble de lo previsto,

bajo el marco de la regla europea de Maastricht que sitúa un escenario manejable en 3%.

Lo cierto es que el déficit promedio de los países integrados a la OCDE es cercano a 9%,

incluyendo a las economías calificadas de milagro, como la española o la irlandesa.

En los dos casos la deuda interna global es cercana a 100% del PIB, mientras en México llega a

sólo 30%, representando la más baja de los 29 países enlistados en el organismo.

La premisa es simple: cuando la banca no presta a la economía o no hay demanda de crédito, lo

conducente es que el ahorro se canalice a la inversión vía el gobierno.

Por ello, la deuda interna debe ser la principal fuente para financiar el déficit mexicano.

Más aún, se señala que la Ley de Responsabilidad Hacendaria permite un déficit fiscal en

circunstancias excepcionales, para corregirlo en un horizonte temporal.

Adicionalmente, decíamos, se plantea la imposición de un tributo a las transacciones financieras

como el aplicado en algunos países sudamericanos, cuya recaudación se incrementó en medio

punto del PIB en promedio.

La justificación es demoledora: Es mejor un impuesto cuyos recursos vayan al gasto social que las

comisiones impositivas que cobran los bancos para sí.