Dicha medida, explicó, se aplicará en las tres modalidades en las que se presenta el fenómeno: cuando un grupo las organiza para obtener ganancias, las que hacen adolescentes para convivir o recaudar fondos y las reuniones particulares donde se permita que los menores beban -en este caso, se actuará por denuncia-.

Agregó que, hasta el momento, no tienen indicios de que algún cártel o grupo específico esté detrás de estas reuniones, aunque quienes las organizan de manera reiterada pueden caer en delincuencia organizada.

Ismael Rivera, presidente de la Asociación de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, aseguró que han llegado a detectar hasta 70 fiestas de este tipo en un fin de semana, convocadas, por lo general, a través de redes sociales.

El 28 de mayo, la Policía y la Procuraduría detuvieron a siete jóvenes que organizaron una reu-nión en un predio de la Delegación Benito Juárez donde se cobró entrada, se vendió alcohol a menores y, presuntamente, se facilitó el consumo de drogas. Todos fueron consignados.

El Procurador descartó que se estén criminalizando las fiestas de adolescentes, como señaló el viernes el ombudsman capitalino, Luis González Placencia.

"La diversión debe ser segura. Lo que menos quieres es que jóvenes de entre 12 y 17 años estén en un lugar donde no hay ningún tipo de protección, donde no hay esquema de seguridad y donde les están dando alcohol a granel", indicó Mancera.

Sobre las fiestas particulares, explicó que se podrán fincar responsabilidades a quien permita o induzca a un menor a beber.

"Tu hijo podría llegar a tu casa en estado de ebriedad, y preguntarle qué pasó y que te dijera que tu amigo le estuvo dando alcohol toda la noche, tú podrías denunciarlo por corrupción", precisó.

Joaquín Quintana, presidente de Convivencia sin Violencia, anunció que están impulsando una reforma de ley para castigar penalmente a los padres irresponsables.

"No puede ser que los propios padres manden a sus hijos a una guerra sin fusil. Ni los preparamos para salir ni hay comunicación ni nada", consideró.

La ley dice...

El Código Penal del Distrito Federal establece:

Artículo 184. Al que por cualquier medio obligue, procure, induzca o facilite a una persona menor de 18 años de edad a (...) ebriedad, consumo de drogas o enervantes (...) se le impondrá de 7 a 12 años de prisión y de mil a 2,500 días multa. Cuando los actos de corrupción a los que se refiere este artículo se realicen reiteradamente, la prisión se aumentará de 3 a 6 años.