Con el pretexto de simplificar la apertura de negocios en la capital, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, presentó una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, la cual fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de diciembre de 2010 con 25 votos a favor del PRD y PT, y 15 en contra.

Gracias a estas reformas, el gobierno de la ciudad cuenta ahora con la facultad de elaborar una lista anual de establecimientos y predios que no podrán ser verificados durante el ejercicio fiscal siguiente. Esto permitirá la operación irregular de comercios y el inicio de obras que no cumplen con los requisitos establecidos en las leyes de desarrollo urbano.

Como era de esperarse, tanto el sector empresarial como los comités vecinales han externado innumerables críticas para evidenciar la discrecionalidad con la que podría actuar la Secretaría de Gobierno en ejercicio de esta atribución.

Las consecuencias

Dado que no se establecieron los mecanismos ni los requisitos con base en los cuales serán seleccionados los beneficiarios de dicho acuerdo, el gobierno capitalino podrá elegirlos de manera arbitraria abriendo la puerta a la corrupción. De hecho, este padrón podría utilizarse como un instrumento de clientelismo electoral para favorecer a ciertos sectores empresariales a cambio de prebendas políticas.

Pero no sólo eso. La ambigüedad de la ley podría permitir la suspensión de visitas de verificación administrativa en materias como construcciones y edificaciones, espectáculos públicos, protección civil y establecimientos mercantiles; corriéndose el riesgo, por ejemplo, que no se compruebe si los comercios cumplen con las disposiciones encaminadas a proteger a los no fumadores, si los contratistas tramitaron en tiempo y forma los cambios de uso de suelo, o bien, si los anuncios cumplen con los requisitos que determina la normatividad aplicable.

De esta manera, se podría permitir la operación de negocios como bares y centros nocturnos que no cuentan con los permisos correspondientes, o bien, el inicio de obras que no garanticen la seguridad e integridad de los ciudadanos. Peor aún, los dueños podrían cambiar el nombre de los establecimientos mercantiles para gozar de la misma prerrogativa el año siguiente.

Por otro lado, debe resaltarse que la nueva facultad de la Secretaría de Gobierno atropella las atribuciones de los jefes delegacionales, ya que la reforma señala que los verificadores se abstendrán de cumplimentar las órdenes emitidas por los delegados para verificar los giros, actividades y obras contenidos en la lista anual. Igualmente, se pasa por encima del Instituto de Verificación Administrativa del DF (InveaDF), el cual tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones vinculadas con las siguientes materias: protección ecológica, anuncios, desarrollo urbano y uso del suelo, entre otras.

Régimen de excepción

Resulta extraño, por decir lo menos, que estos cambios se hayan impulsado en la antesala de los comicios del próximo año, pues más allá de las lagunas que presenta la ley, se buscó crear un régimen de excepción que favorecerá a ciertos sectores poniendo en duda la neutralidad de las visitas de verificación que llegue a practicar el InveaDF.

La apertura de comercios para incentivar la actividad económica no puede ser un argumento para justificar violaciones a la ley o privilegiar a determinadas personas bajo criterios que no siguen una lógica incluyente y plural, dejando a un lado la opinión de los vecinos y de las autoridades delegacionales.

Para que un establecimiento inicie operaciones o una obra comience a levantarse es necesario que cumpla con todos los permisos, criterios y condiciones que marca la ley. Resulta absurdo que a la “lista de intocables de Marcelo Ebrard” se les conceda un año de gracia para que “regularicen” su situación o se apeguen a lo que establece el marco legal. Por ello, de no modificarse la ley, el gobierno capitalino estaría consintiendo violaciones e irregularidades en materias tan importantes como protección civil y preservación del medio ambiente.