El diputado Héctor Morales Rivera presentó ante el pleno del Congreso la iniciativa de reforma a los artículos 11 y 14 en los que se establece “la obligación de publicar las anuencias municipales y los permisos para venta de bebidas embriagantes” que otorgue el próximo Comité de Evaluación de Trámites y Licencias, contemplado en la recién aprobada Ley de Combate al Abuso del Alcohol.

El legislador explicó que de esta manera se podrá tener claridad en el proceso que marca la nueva ley, desde la anuencia que deberán dar los ayuntamientos, hasta la licencia que otorgue el Comité, conformado por autoridades estatales, municipales y organismos ciudadanos.

“En el momento actual existe una desinformación total por parte de la ciudadanía en el sentido de si un alcalde o un municipio les da un número determinado de expendios de bebidas alcohólicas para consumo o venta, pues realmente nos tenemos que sujetar a lo que nos dice el municipio, pero no existe un mecanismo para que uno como ciudadano pueda accesar y pueda realmente verificar esta información”.

Morales Rivera explicó que con la propuesta se fortalece también la denuncia ciudadana, figura que la propia ley contempla en uno de sus apartados, en el sentido de que municipios y Estado deben facilitar el derecho a la población de señalar cualquier quebranto a la ley.

PROPONEN CREACIÓN DE PROCURADURÍA ESPECIALIZADA Para crear un cambio en la cultura hacia las personas con discapacidad, la bancada priista presentó una iniciativa para crear la Procuraduría de la Defensa de las Personas con Discapacidad.

La diputada Alicia Margarita Hernández Olivares explicó que con la propuesta que fue turnada a la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables, busca generar políticas públicas que incidan en beneficio de las personas con discapacidad a todos los aspectos de su vida cotidiana.

Explicó que la nueva Procuraduría especializada sería un organismo desconcentrado que formaría parte del Sistema DIF Nuevo León y abogaría para que existan condiciones de equidad en materia de salud, empleo, cultura, accesibilidad y otros aspectos de la convivencia social.

“Vemos con tristeza que en nuestro estado no se ha consolidado todavía bien a bien una cultura de apoyo a la gente con discapacidad y esto es lo que se pretende lograr con esta Procuraduría, que atienda directamente los derechos de las personas que padecen alguna discapacidad.

El proyecto de iniciativa pretende que las personas con discapacidad logren acceder a la administración de justicia de forma rápida, con el apoyo expedito y especializado del Estado al asegurar que cuando haya libertades o restricciones relativas a estas cuestiones se apliquen sin discriminar por motivos de discapacidad”, planteó.

La también Presidenta de la Comisión de Salud y Atención a Grupos Vulnerables del Poder Legislativo agregó que una de las tareas de la Procuraduría especializada sería la elaboración de un registro de todos nuevoleoneses que padecen alguna discapacidad para, por un lado, conocer con claridad la dimensión del tema y, por otro, focalizar con mayor eficacia los programas.