año que requerimos. Pero la inversión precisa confianza y un marco macroeconómico predecible, Sin desequilibrios fiscales, sin

inflación, sin una balanza de pagos desnivelada, con certeza jurídica en los derechos de propiedad y con seguridad en bienes y

personas.

La función del Estado en este proceso es fundamental en tanto que puede determinar la calidad del entorno económico, de la

educación, de la infraestructura; si puede facilitar y promover la inversión y no obstruirla. Determinante, en tanto garantice el uso

racional de los recursos públicos, la transparencia en su asignación y pueda llevar a cabo una exhaustiva rendición de cuentas. El

principal instrumento que posee para ejercer correctamente todas sus funciones y cumplir sus obligaciones con la población es el

gasto en los tres órdenes de gobierno. Hoy, el gasto del gobierno mexicano parece insuficiente, porque es desperdiciado y, además,

regresivo, en gran parte. La inversión requerida por la sociedad no se ha concretado, la infraestructura necesaria para invertir es

insuficiente, los servicios de educación y de salud son altamente deficientes. Hoy, utilizando cualquier definición de pobreza, hay más

pobres que hace 16 años.

La inversión pública, que es un complemento fundamental de la inversión privada, no debe estar condicionada a los sobrantes; por el

contrario, tiene que ser parte fundamental del proyecto del país, un proyecto de nación con equidad y justicia.

Por ello es necesario instrumentar un sistema funcional de rendición de cuentas y cerrar todos y cada uno de los canales de

desperdicio de recursos. Si tan solo mejoráramos la calidad del gasto, muchas carencias se resolverían.

De aquí la necesidad urgente de la reforma integral de las finanzas públicas, gasto, ingreso, participaciones a los estados y, en

particular, un sistema de rendición de cuentas confiable y eficaz, para evitar despilfarro y corrupción.

Por ello, es necesario hacer una real reingeniería del gasto público. Alinearlo con las prioridades de la nación, sentar las bases y dar

pasos firmes para lograr un país con una sociedad más igualitaria y que elimine la pobreza. Este es el sentido de crecer.

Dadas nuestras carencias, los actuales recursos provenientes de la recaudación son insuficientes. La pérdida por ingresos petroleros

es de casi cuatro puntos del PIB. ¿Cómo sustituimos esa pérdida? Es necesario recaudar con equidad, eficiencia y de manera

simplificada.

Los precios y tarifas del sector público deben buscar no sólo recaudar, sino un vector de precios relativos que permita el uso

eficiente de los servicios y productos del sector público y, sobre todo, lograr una mejor competitividad frente al resto de los países.

De lo contrario, se obstruye la inversión.

En términos de la deuda pública, recordemos que hay una gran cantidad de pasivos laborales que paulatinamente serán exigibles al

alcanzar la edad de jubilación los empleados de empresas paraestatales, banca de desarrollo, fideicomisos, gobiernos estatales y

municipales. Esta es una razón adicional por la que el déficit es decir, el endeudamiento adicional, debe limitarse y eliminarse tan

pronto como sea posible. El aumento de la deuda no debe ser un recurso para el desorden y el despilfarro, ni debe verse con

ligereza en la definición de la Ley de Ingresos.

Por esto, la reforma integral es inevitable. Postergarla significa sostener tasas mediocres de crecimiento, implica reducir aún más la

tasa de inversión y, sin duda alguna, crear inestabilidad en las variables macroeconómicas y financieras. Es arriesgarse a

incrementar el desempleo, procurar la informalidad, facilitar la desigualdad, aumentar la pobreza, procurar el crimen y la inestabilidad

social. Nuestro país no puede continuar en el estancamiento y la pauperización.

Es el turno de la nueva Legislatura federal para tomar la responsabilidad de aprovechar la oportunidad histórica de rectificar el rumbo

del país. Las medidas necesarias no pueden ser resueltas exclusivamente en los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones

del Congreso de la Unión. Sin embargo, es perfectamente factible iniciarlas e instrumentarlas, con un pacto político y la concertación

de un programa multianual de metas y logros, a lo largo de la presente Legislatura federal.