Fue en el marco de la primera Asamblea Mundial de la Salud, en 1948 cuando se propuso y se instituyó el Día Mundial de la Salud y es desde 1950 cuando se viene celebrando cada 7 de abril de todos los años, eligiendo un tema específico de salud que es considerado como un área prioritaria.

De esa manera, la Organización Mundial de la Salud se ha dado a la tarea de plantear temas trascendentes en la materia tales como la Urbanización como un Reto para la Salud Pública, la seguridad en hospitales, los cambios climáticos, la colaboración internacional y la seguridad sanitaria en el ámbito internacional.

Todos ellos son temas de indiscutible valor para las políticas de salud en todo el mundo, razón por la cual considero pertinente reflexionar sobre los grandes desafíos y los temas fundamentales de la Agenda de la Salud en nuestra Nación.

Para un Estado como el mexicano, cuyo origen es resultado de un profundo y complejo movimiento de masas, la salud debe ser considerada como prioridad, pues es uno de los derechos sociales a los que deben de aspirar los mexicanos y una responsabilidad ineludible de la política estatal.

Por ello, la Política de Salud Pública debe de hacer suyo el concepto de salud planteado por la OMS: según esta institución internacional "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social; no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, esto quiere decir que una persona saludable es la que tiene un cuerpo que funciona bien, se relaciona bien con los demás, es productiva, le gusta aprender y se comporta adecuadamente".

Sin embargo, la Salud Pública a pesar de sus innegables resultados, continúa siendo un asunto pendiente de la agenda nacional en el siglo XXI. En 1943, arrancó la primera generación de reformas que dieron origen a nuestras instituciones de Salud y Seguridad Social. Cuarenta años después, ese modelo comenzaba a mostrar claros síntomas desgaste, por lo que fue necesario gestar una segunda generación de reformas; no obstante los avances, persisten tres retos prioritarios para nuestro sistema de salud: equidad y justicia, calidad y protección financiera.

Como resultado de mi experiencia profesional en el DIF y en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, pude comprender el trascendente papel del acceso a los servicios de salud como instrumento para romper el círculo vicioso de la vulnerabilidad, marginación, ignorancia y pobreza; en consecuencia como mecanismo para el acceso al bienestar y al desarrollo social.

Estoy convencido, que la gran asignatura pendiente de la sociedad mexicana es la desigualdad social y que la salud refleja claramente esta realidad; las enfermedades se han extendido de manera desigual acrecentando las condiciones de vulnerabilidad y marginación de gran parte de la sociedad mexicana. Por ello, la salud será uno de los grandes desafíos que tendremos que enfrentar los mexicanos en el siglo XXI.

La Salud Pública en México tiene que atender una agenda diversa, compleja y urgente. Sin haber resuelto aún el rezago presentado por las infecciones comunes, la desnutrición y los problemas de salud reproductiva, tenemos ya, frente a nosotros, un conjunto de problemas emergentes representados por las nuevas infecciones como el SIDA; por las enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer y los problemas del corazón; la salud mental, incluyendo las adicciones, los accidentes de todo tipo y los problemas de salud propiciados por la violencia. En consecuencia, la equidad consiste en cerrar la brecha de los rezagos y al mismo tiempo combatir totalmente los problemas emergentes.

La atención de la calidad es nuestro segundo reto. Los largos tiempos de espera son causa frecuente de queja y motivo de baja utilización de los servicios públicos de salud; en las unidades de primer nivel hay problemas de disponibilidad de los medicamentos, mientras que en los hospitales el equipamiento es a menudo ineficiente.

A ello habría que agregarle el tercero de los grandes retos, que es la falta de protección financiera de muchos mexicanos, ya que a pesar de los avances en la seguridad social, el gasto en salud proviene directamente del bolsillo de las personas en condiciones de vulnerabilidad, ignorancia y marginación social, quienes tienen que pagar su atención en el momento de usar servicios, afectando la precaria economía de las familias.

Para enfrentar los tres problemas, el enorme desafío es democratizar la salud. Ello significa que se deben crear las condiciones para que la población pueda acceder a los bienes y servicios de salud, independientemente de su capacidad de pago o su afiliación laboral. Significa la participación e incorporación de los ciudadanos en todos los niveles del sistema e involucrarlos responsablemente en la toma de decisiones de su propia salud.

Esto implica desarrollar un sistema que responda con calidad y respeto a las necesidades y expectativas del ciudadano y que ponga a su disposición instancias sensibles y eficientes para presentar sus quejas y sugerencias. Es crear un sistema de salud de la gente, por la gente y para la gente mediante un cambio paradigmático en la relación entre gobierno y sociedad a través de la rendición de cuentas y la equidad como referentes indispensables.

Es necesario resaltar que a estos desafíos, habría que agregar las acciones planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, entre los que destacan: " la reducción de la mortalidad infantil y materna; el arranque parejo en la vida, mejorar la calidad y la oportunidad de la atención del embarazo, el parto y el puerperio, también se contempla el estudio exhaustivo de cada muerte materna para identificar y corregir los eslabones críticos que llevan a estos lamentables desenlaces; mejorar la salud reproductiva incluyendo la anticoncepción hormonal de emergencia que permitirá reducir la práctica clandestina de abortos y así evitar muertes maternas; así como acciones a favor de la equidad y el control de los problemas emergentes de salud como el VIH, prevención, acceso universal al tratamiento así como el combate al estigma y la discriminación".

Estos retos demandan una reforma estructural en el financiamiento de la salud que parta del reconocimiento de las desigualdades profundas que existen en la disponibilidad de recursos entre regiones y grupos sociales; no es justo que al sufrimiento se sume la incertidumbre de no saber cómo se van a pagar los servicios o las medicinas, o ser presa por necesidad e ignorancia de medicinas de dudosa calidad con la complacencia de las propias autoridades de salud. Esa injusticia se agrava porque gran parte de las familias mexicanas no cuentan con seguridad social.

Ello obliga a revisar la filosofía y principios de políticas que han resultado exitosas en México y en otras partes del mundo, como es el caso del Seguro Popular, al que habría de despojarlo de cualquier carácter partidario o de grupo, dándole el carácter de Política de Estado, a efecto de evitar que sea usado con fines clientelares e incluso electorales, o bien para eludir responsabilidades en materia de seguridad social, pero que coadyuve a resolver la injusticia e inequidad en el acceso a los servicios.