de convertir al Poder Ejecutivo en el Presidente del empleo, razón por la cual parece oportuno iniciar las reflexiones justamente en

esta materia.

De acuerdo con la última publicación de los indicadores estratégicos de la encuesta nacional de ocupación y empleo, si se compara

el número de personas desocupadas en el tercer trimestre de 2009, con lo observado en el mismo periodo de 2006, puede

afirmarse que el saldo de la pérdida de empleo es de 1.1 millones de personas.

Al mismo tiempo, el incremento en el número de gente que ha pasado a la informalidad se encuentra estimado en cerca de 970 mil.

Derivado de lo anterior, no es de sorprender que exista un aumento de 793 mil trabajadores en situación de tener un empleo que no

les da acceso a un sistema de seguridad social. A lo anterior, debe agregarse que en el mismo lapso 1.4 millones de empleados

vieron perder prestaciones laborales adicionales a las de los servicios de salud.

Todo lo previamente descrito se da al mismo tiempo que las relaciones laborales sin contrato escrito entre los trabajadores y las

empresas se elevan: para fines de septiembre del año corriente 13.2 millones de personas se encontraron en dicha situación, es

decir, 386 mil más que a fines del mismo mes de 2006.

La evidencia estadística anterior permite establecer que la situación del mercado laboral se ha deteriorado de manera significativa

durante la primera mitad del sexenio, algo todavía más preocupante cuando se toma en cuenta que cada año se debió generar un

millón de empleos para cubrir los requerimientos que por crecimiento poblacional tiene el país.

Dado que los incrementos salariales en términos reales reflejan una marcada pérdida del poder adquisitivo de las personas que aún

conservan su empleo, como conclusión puede plantearse que el objetivo de generar una Presidencia del empleo ha fracasado.

La raíz del problema se encuentra en la falta de crecimiento económico, aspecto en el que no existe una iniciativa oficial bajo la cual

se pueda estimar que en el corto plazo tendremos una solución a esta cuestión.

Si se compara la actividad productiva de los primeros tres trimestres de 2009 con el mismo periodo de 2006, se observa un

retroceso de 3.3%, cifra que por sí misma refleja la gravedad de la actual crisis económica y ante lo cual no ha existido una

reacción oficial acertada.

La negación de los problemas y ver el vaso medio lleno no sirven para solventar las necesidades de un país que cuenta con

recursos naturales y gente preparada, pero que no tiene una estrategia económica y social bien estructurada.

Ante la falta de un proyecto que desarrolle al mercado interno, no es de extrañar que la recesión de Estados Unidos haya afectado

a la actividad industrial mexicana, hecho que se dio mediante el colapso de las exportaciones. Durante los primeros 10 meses del

año, las exportaciones retrocedieron 11.7% si se les compara con el mismo lapso de 2006, lo cual implica que a mitad del sexenio

la economía mexicana tiene una numeralia que en el mejor de los casos remita a la nación a fines de 2006 y, en la mayor parte, a

años previos o, todavía más grave, a la década pasada, principalmente en materia de empleo.

El desafío que esto presenta a México hace patente la necesidad de reescribir los objetivos, de replantear el papel de las

instituciones y de los liderazgos que son requeridos para hacer frente de manera exitosa a la realidad económica, política y social.

La eficiencia en la aplicación de los recursos y el fin de la retórica son imprescindibles para reformar al Estado.

*Investigador del Tec de Monterrey / CEM