Uno de los instrumentos clave para lograrlo es la política tributaria que implica inevitablemente el pago de impuestos en forma equitativa y proporcional, obligación que la Constitución establece para todos los mexicanos.

Sin embargo, los cambios fiscales de los últimos años sólo han incrementado la recaudación, mas no el número de contribuyentes.

Somos un país donde el 26 por ciento de la Población Económicamente Activa evade pagar impuestos y la clase política medra en forma populista con esta irresponsabilidad ciudadana.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 60 por ciento de nuestra economía es informal y tiende a crecer, de manera injusta para los contribuyentes responsables y para el país en su conjunto.

Históricamente, no hemos logrado sobrepasar niveles de recaudación de aproximadamente el 10 por ciento del PIB, cuando el promedio en los países que integran la OCDE es del 25 por ciento y en América Latina del 15 por ciento.

El nivel de impuestos en México nos coloca en el lugar 91 de 133 países donde su esquema tributario los hace competitivos en el contexto internacional.

A su vez, nuestra principal fuente de recaudación ha sido el ISR y no el IVA, como ocurre en los países con los que competimos y que han sido exitosos en su política recaudatoria.

Es decir, tenemos una recaudación bajísima e insuficiente, nuestro sistema fiscal es -sin lugar a objeciones- ineficaz, socialmente injusto e inicuo.

A lo anterior habría que añadir que el esfuerzo recaudatorio se concentra en el gobierno federal. Las entidades federativas no han asumido la responsabilidad de hacer su propio esfuerzo recaudatorio, sólo son receptoras de las participaciones que se les otorgan.

Desde el año 2007 las reformas pretendieron incrementar la recaudación tributaria, y se ha logrado a costa de los contribuyentes cautivos, pero casi nada se ha hecho para combatir a quienes se encuentran en la informalidad.

El Impuesto sobre la Renta (ISR) pasó del 28 al 30 por ciento tanto para personas morales como para personas físicas. Se implementó el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) que reformas posteriores han hecho más "agresivo" y no se han registrado las bondades que se argumentaron para su creación. También se estableció el Impuesto a Depósitos en Efectivo (IDE) sin distinguir a la economía formal de la informal. Se aumentaron las tasas del IEPS.

Por si esto fuera poca carga para quienes cumplen sus obligaciones tributarias, el Código Fiscal de la Federación otorgó excesivas facultades a las autoridades fiscales y se impusieron algunas sanciones, también excesivas, a los contribuyentes.

Un reto fundamental para comenzar a darle sentido social a la política fiscal es elevar considerablemente el promedio de recaudación, lo que implica necesariamente reducir los niveles de economía informal.

Para contribuir al desarrollo y a un creciente bienestar social, es imprescindible que el sistema fiscal sea eficiente, competitivo y justo.

Por tanto, como acertadamente propone el Grupo de los 6, integrado por organismos profesionistas de contadores, abogados y ejecutivos de finanzas, para tener un sistema recaudatorio con sentido social se requiere una estrategia simple: contar con un esquema fiscal competitivo que facilite la inversión y la generación de empleos, que haga posible el pago equitativo de impuestos y con ello producir bienestar social.

Como se ha demostrado en otros países con los que México compite, es recomendable que la base de recaudación esté en el impuesto indirecto.

Por ello me parece necesario que el IVA se aplique de manera general, sin tratamientos de excepción y manteniendo la tasa del 0 por ciento en las exportaciones. Es la forma más acertada para alcanzar el máximo potencial de la recaudación y de hacer eficiente este impuesto.

El ISR debe equipararse a los estándares que manejan otros países con los que competimos, lo que implica necesariamente una reducción en este impuesto directo. Es conveniente revisar los niveles intermedios de las tarifas para que no se apliquen las tasas más altas en forma casi inmediata.

Entre otras medidas recomendables, eliminar el IETU, así sea en forma paulatina, es una opción con sentido de justicia que aunada a medidas como eliminar regímenes preferenciales y fortalecer la recaudación estatal y municipal puede insertar a México en una era fiscal eficaz que le haga competitivo en el mundo y repercuta en un creciente beneficio social en el mediano plazo.

Hoy puede afirmarse que tras años de intentar una reforma fiscal que ponga a México al día, el retraso ha sido provocado por disputas partidistas que tienen como eje el interés electorero. Puede afirmarse que las sinrazones político-partidistas ya causan estragos en la economía nacional y limitan su fuerza en el ámbito internacional.

Urge una reforma que mejore sustancialmente nuestro sistema fiscal y acelere el desarrollo social. La condición inseparable de este propósito es la despartidización de la política tributaria. Sin la voluntad política de los partidos para soportar su competitividad democrática al margen de pretextos fiscales, no será posible avanzar a un estadio de competitividad fiscal.

Es conveniente que los legisladores asuman una actitud estrictamente profesional frente a la deficiencia fiscal de México. Que se decidan a resolver nuestras insuficiencias tributarias desde un enfoque técnico, social y económico, no a partir de intereses políticos.

Es deseable que los legisladores asuman ya que su principal función es representar los intereses de la nación antes que los de sus formaciones partidarias. Es hora de que los políticos pierdan el miedo de servir a México con eficacia aunque se pierdan oportunidades electoreras. Ya se verá.