Los nueve ex jefes delegacionales que actualmente son diputados locales se reunirán hoy con la consejera jurídica Leticia Bonifaz, para analizar la iniciativa de reformas a la Ley de Establecimientos Mercantiles, con la que se pretende concentrar la facultad de verificar los negocios en un instituto ciudadano autónomo y el paquete de medidas para impulsar la economía.

Entrevistados por separado, los legisladores se refirieron a las inconveniencias de restarle atribuciones a las delegaciones, sobre todo cuando se habla de la necesidad de una reforma política en la ciudad, que la lleve a convertirse en el estado 32.

Erasto Ensástiga, ex titular en Iztacalco, destacó la necesidad un instituto, pero que supervise, capacite y audite a las unidades verificadoras de las delegaciones, y a las secretarías de Trabajo, Protección Civil, Transportes y Medio Ambiente.

El legislador elaboró una contrapropuesta, ya que retirar facultades a las delegaciones sería una contradicción con el rumbo que se desea.

Guillermo Sánchez, ex titular en Tlalpan, se pronunció contra la iniciativa y dijo que se deben ampliar las atribuciones de las delegaciones para que tengan control de las policías y puedan ejecutar clausuras para evitar conflictos como en las discotecas Lobohombo y News Divine.

En torno al planteamiento de que puedan establecerse negocios de bajo impacto en casas, sin necesidad de cambiar el uso de suelo, consideró que eso viola la ley.

Ven inoperantes los cambios José Luis Muñoz Soria, ex titular en Cuauhtémoc, explicó que el gobierno del DF presentó esta iniciativa, que aún no ha sido subida al pleno, con el fin de reactivar la economía de la ciudad y forma parte de un paquete de

modificaciones a las leyes de Procedimientos Administrativos, Ambiental, de Adquisición y de Establecimientos Mercantiles.

Luego de pronunciarse en contra de las propuestas, dijo que se podría analizar una iniciativa conjunta.

Leonel Luna, ex delegado en Álvaro Obregón, consideró que la propuesta llevaría a reformar el Estatuto de Gobierno y a modificar la Ley de Administración Pública, sin considerar que sería poco operante porque se tendrían que verificar alrededor de 500 mil establecimientos.

Horacio Martínez, ex titular en Iztapalapa, dijo que se requiere analizar las facultades que tendría el instituto ciudadano; y Alejandro Carbajal, ex delegado en Azcapotzalco, comentó que el organismo podría supervisar el trabajo que hacen las demarcaciones, pero no sustituirlo.

Se impulsarán cambios para que se reduzcan los trámites necesarios para la apertura de negocios.