Curioso caso, pues, de un funcionario que se va, por más que se habla de una caída hacia arriba, por cumplir con su deber.

De ahí, quizá, la tendencia de nadar de “muertito” de la totalidad de los funcionarios del gabinete. El que asoma la cara en la ventana para poner orden, le cortan la cabeza.

La sentencia contra el ex diputado panista que desde la tribuna se atrevió a denunciar que sus colegas recibían sobornos de las poderosas tabacaleras, a título de cuotas de protección, se había dictado hace algunos meses, cuando se le involucró en una conversación telefónica entre dos altos funcionarios de empresas farmacéuticas que se ponían aparentemente de acuerdo para sobornar al Seguro Social, en afán de inclinar el resultado de una licitación.

La paradoja del caso es que originalmente se dijo que uno de los interlocutores era funcionario del instituto.

El asunto, en la presunción de una difamación, se debate en los tribunales.

Lo inaudito del caso es que fue una legisladora priísta, la senadora María del Socorro García Quiroz, integrante de la Comisión de Salud, quien adelantó el relevo de Toscano, lo que apresuró un escueto boletín de la Secretaría de Salud. Colocado en el ojo del huracán por su oposición a un esquema de autorregulación por parte de los industriales de alimentos y bebidas de cara a la publicidad en materia de productos “chatarra” dirigidos al público infantil, Toscano se enfrentó a la tibieza de los secretarios de Salud y de Educación Pública, quienes terminaron por doblar las manos.

Más allá, el funcionario desafió a los poderosos laboratorios multinacionales al exigir la presentación de una receta médica para la venta de antibióticos, en afán de acotar la peligrosa automedicación.

En otro punto, descalificó la denominación de “similares” de algunos fármacos producidos con patentes que dejaron de tener vigencia para sus propietarios, al señalar que sólo había dos tipos en el mercado: innovadores y genéricos intercambiables, además, en paralelo, de endurecer los registros para autorizar la comercialización.

Acusado de protagónico por su decisión de recorrer al país para verificar el cumplimiento de la Ley General para el Control del Tabaco, que prohíbe fumar en espacios cerrados, en una de sus giras Toscano se topó con irregularidades en una casa de apuestas en Monterrey, ordenando su clausura inmediata.

Los jugadores se quedaron con sus fichas y sus ganas.

El problema es que el negocio era de Televisa. Ahora que la embestida más aparatosa del funcionario que dejará el cargo la semana próxima, llegó al empujar la Cofepris un proyecto de modificaciones al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, cuyo eje era impedir la atribución de cualidades preventivas o terapéuticos de que carecen los llamados productos “milagro”.

El desafío a un negocio multimillonario llegó al extremo de desnudar a 13 productos de 250 en el mercado, con nombres, pelos y señales, en contraste con la cautela con que se manejan los funcionarios públicos al dar a conocer procedimientos que involucran a empresas privadas.

De entrada, por ejemplo, se descalificó al producto publicitado como “Rejuvital”, que en teoría previene el Alzheimer y el mal de Parkinson, pero en la práctica produce afectaciones cardiacas por el abuso de ácido gama aminobutírico en su composición.

Además, el “Chardon de Marie”, al que se le atribuyen propiedades milagrosas para reducir los niveles de colesterol y triglicéridos, produce náuseas, dolor abdominal y mareos.

A su vez, el “Malunggay” que combate, según la aturdidora publicidad, dolores de cabeza y gastritis, se elabora a base de la planta Moringa Singa, cuyos efectos potencialmente dañan órganos vitales.

En la lista negra están también el “Prostamax”, que según ello controla la función urinaria y reduce el crecimiento de la próstata; el “Pso exacto” (pa’ nombrecito), que en el papel pone en cintura al más panzón, y el “Puassance” que produce supermanes sexuales.

El interés particular sobre el nacional.

Dinero mata a nación.