“A mí me avisaron que iban a una fiesta, pero nunca supe que se fueran a un salón de baile. Cómo sería posible, si se supone que en esos lugares no dejan entrar a menores”, cuestiona.

“Creo que se fueron a un salón de baile, al ‘Conjunto del Bravo’, que está sobre la Jilotepec, las dejaron entrar y bebieron alcohol a pesar de que la niña tiene 13 años y la otra 16”, agrega.

Comenta que de acuerdo con testimonios, con sólo pagar una cantidad de dinero los menores de edad tienen acceso al salón de baile y pueden consumir bebidas alcohólicas, tal como ocurrió el sábado 29 de enero.

“Mis hijas cometieron el error, se equivocaron, tenían ganas de divertirse”, afirma, “pero por qué ninguna autoridad vigila que los menores no entren a ese tipo de lugares donde nomás les importa que vayan a consumir”.

La madre de familia no se equivoca al aseverar que estos negocios carecen de vigilancia, pues de acuerdo con información oficial del Departamento de Gobernación, encargado de regular su funcionamiento, en lo que va de este año no se han hecho inspecciones para detectar la presencia de menores, ni el cumplimiento de otras obligaciones que tienen los establecimientos en los que se venden o consumen bebidas alcohólicas.

Al menos así fue asegurado por Ángel Olivas Rico, jefe del departamento en Juárez, quien mencionó que, por vender bebidas alcohólicas a menores de edad, este año no se ha impuesto ni una sanción a ninguno de los mil 500 negocios dedicados a esta actividad.

Mientras que el año pasado, oficialmente sólo tienen registradas la aplicación de dos infracciones por esta causa.

“Este año no existen visitas donde se hayan encontrado menores en el interior, eso no quiere decir que dejemos fuera esta situación que habremos de atender, pero no se han empezado los operativos de este tipo porque ahorita estamos enfocados al tema de la regularización de los establecimientos”, expone el recién designado jefe del Departamento a cargo de la Secretaría General de Gobierno.

Bajo estas condiciones, el funcionario estatal explica que sólo atienden las denuncias que reciben o conocen, como en el caso del “Conjunto del Bravo”, el cual no se le aplicó ninguna sanción porque sólo se cuenta con el dicho de la madre y adentro del lugar no sucedió nada.

Olivas Rico considera que esta forma de operar no representa una omisión por parte de la dependencia que por ley está obligada a vigilar estos negocios, pues expone que difícilmente pueden cubrir la revisión de todos los establecimientos cuando sólo cuentan con cuatro inspectores.

“No se descuida, vamos a tener que repartir a los inspectores y esperamos nuevos nombramientos para iniciar la vigilancia nocturna, pero por lo pronto toda nuestra actividad es administrativa”, reitera.

La Ley que Regula el Funcionamiento de Establecimientos en los que se Expenden, Distribuyen o Ingieren Bebidas Alcohólicas en el estado señala que Gobernación debe designar inspectores “responsables de vigilar que los establecimientos operen de conformidad con lo establecido” en el ordenamiento, para lo cual debe llevar a cabo inspecciones y visitas.

Entre las disposiciones que deben cumplir los concesionarios, señala la ley en el artículo 12, se encuentra “negar la venta, suministro o consumo de bebidas embriagantes a menores de dieciocho años”.

También deben vigilar que los negocios funcionen en el giro que están autorizados, prohibir la prostitución, la entrada a personas armadas y apuestas, así como el cumplimiento del aforo y el horario de servicio.

En los casos en los que se detectan menores en los negocios, las sanciones van desde una multa de 45 a 365 días de salario mínimo, dos mil 691 a 21 mil 834 pesos, peor también procede la suspensión o clausura temporal del establecimiento.

Pero actualmente ninguna de las disposiciones señaladas en la ley está bajo vigilancia por la falta de supervisión, por lo que los establecimientos operan en total libertad a pesar de que en el caso de los menores los propietarios o administradores de los negocios no sólo se hacen acreedores de una sanción administrativa, sino que pueden incurrir en la comisión de delitos que se pueden pagar hasta con cárcel.

El abogado Salvador Urbina Quiroz explica que el Código Penal indica que quien procure, induzca o facilite a una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho al consumo de bebidas alcohólicas se le puede imponer una pena de seis meses a tres años de prisión y de 300 a mil días de multa.

Señala que así lo indica el citado código en el capítulo dedicado a los delitos contra la formación de las personas menores de edad y protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho.

Menores en bares, práctica común

El acceso de menores de edad en los establecimientos donde se vende e ingiere alcohol es una práctica común en la ciudad, pues de acuerdo con testimonios de jóvenes asiduos a estos lugares en muchos les permiten la entrada con tan sólo pagar una cuota adicional y en otros ni siquiera verifican su edad.

Reconocen, sin embargo, que en muchos de estos negocios corren gran cantidad de riesgos porque violar la ley por permitirles el acceso es sólo una de las muchas irregularidades que ahí se cometen, pues revelan que muchos de estos lugares operan de manera clandestina, se vende droga y hasta existen prácticas de acoso sexual por parte de adultos.

Ana, una joven de 16 años de edad, cuenta que desde que tenía 14 empezó a ingresar a bares y salones de baile sin restricciones.

“Hay antros que ni siquiera te piden identificación, el ‘cover’, lo que pagas por entrar, es igual para todas las edades, así sean menores de edad, no hay ninguna diferencia”, asegura.

Comenta que también existen negocios que con tan sólo pagar la entrada tienen “barra libre” a pesar de que los clientes en su mayoría tienen menos de 18 años de edad.

“El cover va desde los 50 a los 100 pesos, varía porque en ocasiones van bandas o DJ’s, pero no hay ningún problema si eres menor y uno tampoco anda buscando aparentar que eres más grande porque casi todos están destinados a los chavos”, agrega.

Ana comenta que desde los 14 años que empezó a entrar a estos lugares sabía que estaban prohibidos para los menores, pero su prioridad era divertirse.

Ahora, sin embargo, a consecuencia de la inseguridad, sus padres le han restringido las salidas y por iniciativa propia también evita ponerse en riesgo.

“Como uno nomás piensa es divertirse, no te das cuenta de muchas cosas y se te hace fácil ir a meterte a esos lugares, pero la verdad es que si te encuentras de todo y cosas medio raras, como gente mayor buscando jóvenes y venta de todo tipo de drogas”, dice.

De la venta de droga refiere que casi de la misma manera en la que se oferta el alcohol, te ofrecen “mota” y “pilas”, éstas últimas como se les conoce a las pastillas psicotrópicas.

Con este testimonio coincide Roberto, un joven de 17 años, quien comenta que en los “antros” que operan de manera regular el acceso a personas menores de edad como él tiende a ser controlado con el pago de una cantidad de dinero.

“Hay lugares que sólo cobran a los menores por entrar, dicen que por si les cae pedo, pero en realidad ni quién vigile porque entra de todo, hay chavos que se ponen bien borrachotes y chavillas que hasta se andan encuerando en las barras”, cuenta.

Comenta que el pago varía según el lugar, por lo que puede ir desde los 30 en bares y billares hasta los 200 pesos en salones de baile de moda.

“Pero esto no es nada nuevo, yo tengo entrando a los bares desde que tenía 14 años y nunca he visto que pase nada”, refiere.