En sesión de Cabildo se aprobó que las multas serán aplicadas en dos situaciones: de 100 a 120 UMA's –de 8 mil 449 a 10 mil 138 pesos– para aquellos automovilistas que presenten una cantidad de alcohol en aire dentro del rango de 0.41 hasta 0.80 miligramos por litro.

La otra situación es sobre aquellas personas que rebasen los 0.80 miligramos por litro en las pruebas de alcoholemia realizadas en los operativo aplicados por la Dirección de Tránsito, quienes podrán pagar una multa que va de los 125 a los 150 UMA's, es decir, de 10 mil 561 a 12 mil 673 pesos.

Las multas anteriores aumentarán hasta un 100 por ciento en casos de reincidencia, además de la suspensión de la licencia de conducir por un plazo mínimo de seis meses y uno máximo de 12 meses.

“En caso de imposibilidad del pago de la multa, el juez cívico podrá conmutarla por horas de arresto que no podrán exceder las 36 horas o por horas de trabajo en favor de la comunidad”, indica la iniciativa.

Sin embargo, en todos los casos, el vehículo que conduzca el infractor deberá ser resguardado en garantía del cumplimiento de las sanciones correspondientes. Para liberarlo, se deberá presentar la constancia de pago de la multa o de las horas de arresto administrativo o de trabajo comunitario, así como presentar la constancia emitida por el Instituto Municipal contra las Adicciones para acreditar su asistencia a las pláticas de prevención relacionadas con la infracción cometida.

En el caso de los choferes de transporte de pasajeros y de carga no deberán presentar ningún síntoma de haber tomado alguna droga, estupefacientes o bebida alcohólica; en caso de ser sorprendidos se le cancelará de forma definitiva la licencia de conducir para ejercer dichas actividades.

Los regidores también aprobaron que en el lugar donde se realicen los operativos se deberá instalar videocámaras, aunque tendrán su propio equipo de videograbación los elementos de la Dirección de Tránsito que participen en estos operativos para dar certeza del funcionamiento de este programa.

María Elena Lezama Espinosa, presidente municipal de Benito Juárez, señaló que tardaron alrededor de un año en establecer las modificaciones al programa Alcoholímetro, pues el objetivo era acabar con la corrupción que se generaba en estos operativos.