El secretario general del Municipio, Jorge Aguilar Osorio adelantó la posibilidad de discutir las propuestas presentadas durante la sesión de cabildo del 5 de diciembre, con el objetivo de optimizar el programa y eliminar todos los indicios de corrupción que se presentan durante los operativos.

Las medidas contemplan la implementación de dos tipos de prueba para determinar el nivel de alcohol en la sangre de un conductor. En caso de estar en estado de ebriedad, se emitirá una multa inmediata y se retendrá el vehículo hasta completar el pago de la infracción, la cual incluye acudir a pláticas de prevención por parte del Instituto Municipal Contra las Adicciones.

En caso de no tener la solvencia económica para cubrir la infracción, se podrá optar por realizar servicio comunitario, con una duración de 40 horas adicionales al arresto de rutina por ocho horas. Será responsabilidad del juez cívico en turno determinar las acciones a llevar a cabo, entre las que destacan labores de reforestación, limpieza de playas y apoyo al tránsito en las escuelas.

De esta manera, quedaría eliminada la detención inconmutable de 36 horas en El Torito, a menos que el estado de la persona impida el correcto razonamiento, con lo que también se eliminarían los polémicos amparos; además, se contaría con la presencia del juez cívico en el lugar del operativo para dictaminar la sentencia.

Para evitar episodios de corrupción en el lugar de los operativos, Aguilar Osorio habló sobre la posibilidad de reanudar el proyecto de visoría ciudadana, con la inclusión de organizaciones no gubernamentales que den fe del proceso descrito una vez concretados los cambios propuestos.

Respecto a los aparatos para realizar la prueba de alcoholimetría, el comandante Jesús Ángel Salas Cruz, director de Tránsito Municipal, anunció la adquisición de cuatro nuevos dispositivos para determina el estado de la persona. Se prevé que comiencen a funcionar esta misma semana; en total, serían 20 unidades.

De acuerdo con Fabián Gamboa Song, director general de los Juzgados Cívicos en Benito Juárez, durante 2019 cerca de dos mil personas fueron detenidas por no pasar las pruebas del alcoholímetro. De esa cifra, aproximadamente el 40 por ciento promovió amparos para obtener su libertad y no cumplir con las 36 horas de retención.