El funcionario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que este es uno de los grandes retos de México y que pese a "las muy buenas características que tiene hoy el proyecto que mandó la Cámara", es perfectible para lograr una ley de primer mundo y de siglo XXI.

En el marco del la firma del acuerdo para instrumentar directrices contra la colusión en las licitaciones, José Angel Gurría destacó que la lucha "contra todo tipo de corrupción en los procesos de licitación de compras públicas tiene una importancia decisiva para el desarrollo económico de los países".

Explicó que la colusión en los procesos de licitación, tiene lugar cuando las empresas que compiten para suministrar bienes o servicios se ponen de acuerdo para concertar sus ofertas, generalmente con el fin de conseguir que el comprador pague más.

Agregó que en un análisis hecho por la OCDE, estas prácticas cuestan miles de millones de dólares a los contribuyentes, "yo diría decenas de miles de millones o más, quizá si uno incluye todo tipo de productos, que son víctimas de este tipo de acciones".

"México lamentablemente no es inmune a este tipo de corrupción.Como hemos visto recientemente la Comisión Federal de Competencia ha estado investigando y procesando casos muy sensibles de colusión en licitaciones del sector farmacéutico", destacó el funcionario.

Gurría felicitó a la Comisión Federal de Competencia (CFC) "por la perseverancia y eficacia en su esfuerzo de salvaguardar la competencia en beneficio de los mexicanos" y al Seguro Social por su afán de mejorar sus procedimientos de adquisición.

Además, resaltó la importancia de que un gobierno garantice la competencia y transparencia dentro de sus proceso de compra, ya "que uno puede ser muy transparente pero si hay un solo proveedor y tiene una posición dominante o única entonces no tiene mucho sentido".

El secretario general de la OCDE celebró el acuerdo firmado con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el que se trabajará por primera vez con un gobierno para instrumentar directrices contra la colusión en las licitaciones y el cual generará ahorros sin sacrificar calidad del servicio, en beneficio de los derechohabientes.