Para ello establece como prioritarias la detección temprana; canalización oportuna; referencia y contrarreferencia; información; desarrollo de competencias o habilidades sociales; formación de promotores; reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas e intervenciones breves.

También señala la elaboración de un Programa General para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas que será elaborado por el instituto en coordinación con instancias y organizaciones relacionadas con la materia, que contará con un Consejo Interdependencial que le dará seguimiento.

En el capítulo dedicado a la atención integral de este tipo de consumo se considera a la prevención como eje rector de la política integral.

Las personas detenidas bajo el influjo de alguna sustancia psicoactiva deberán asistir al programa de tratamiento que indique el instituto, independientemente de la sanción que se les imponga.

En el caso de menores infractores que cometan algún delito relacionado con este consumo, se establecerán estrategias específicas para su tratamiento para que sean rehabilitados con el seguimiento correspondiente a través del juzgado respectivo.

Utilizará redes sociales y un servicio de atención telefónica; integrará con dependencias y órganos educativos y de asistencia social un registro de zonas de alto riesgo y hará una detección temprana de las adicciones en estas áreas.

También elaborará un registro de establecimientos especializados en adicciones y coadyuvará con las autoridades de salud locales y federales en su vigilancia y control. El personal de estos centros deberá ser especializado y respetar los derechos humanos e integridad física y mental de los usuarios.

Estará integrado por un Consejo Directivo, presidido por el Jefe de Gobierno, las secretarías de Salud; de Gobierno; de Desarrollo Social; Educación; cultura; Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Como observadores se invitará a la Comisión de Derechos Humanos local y a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

La Asamblea Legislativa asignará recursos para el funcionamiento y operación del instituto y el Jefe de Gobierno destinará inmuebles sobre los que se declare extinción de dominio.

Por su parte, el diputado José Manuel Rendón Oberhauser, del PAN, aseguró que esta ley es permisiva porque carece de sanciones y por consecuencia, difícilmente coadyuvará a disminuir los altos índices del consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas.

Explicó que en dicha ley se incorporaron algunos conceptos y propuestas de la Ley contra el Abuso del Consumo de Alcohol que él presentó, ante el pleno el 23 de noviembre. Sin embargo, se eliminaron todas las sanciones a quienes promueven o permiten de alguna manera el consumo indiscriminado de alcohol u otras sustancias.