Para nadie es un secreto que en el actual contexto el modelo económico mexicano precisa de ir justamente en el sentido contrario, es decir en facilitar una mayor competencia. Facilitar la creación de empresas en sectores estratégicos para incrementar la productividad y competitividad al mismo tiempo que se favorece la distribución de la riqueza es uno de los factores esenciales para alcanzar un mayor nivel de bienestar social.

El estancamiento exhibido por el sector público, particularmente por el poder legislativo, para facilitar una mayor competencia mediante la promulgación de nuevas y mejores leyes le obliga a asumir la responsabilidad de implementar otras medidas que eviten una mayor concentración de poder político y económico. Impedir que mediante el ejercicio del gasto público y la aplicación de sus políticas se favorezca a solamente algunos sectores es prioritario.

La razón del argumento radica en que una parte sustancial de la falta de competencia ha surgido por los procesos de privatización, de licitación, las concesiones que se han otorgado en las décadas pasadas así como por la ejecución del gasto público. Para darse una idea basta preguntarse en dónde quedan los más de 500 mil millones de pesos que tan solo en infraestructura se presupuestan para construir plataformas petroleras, caminos y las grandes hidroeléctricas, únicamente por citar algunos ejemplos. Evidentemente la mayor parte de estas obras son realizadas por grandes empresas que cuentan con la capacidad técnica y financiera para hacerse cargo de las mismas y no por pequeñas y medianas empresas, que en el mejor de los casos aportan la mano de obra.

En tanto no se logre una mejor regulación, los gobiernos federal y estatal deben promover la incubación de nuevas empresas implementando una política económica, especialmente fiscal, que sea propicia. Desaparecer el IETU y mejorar la recaudación que se tiene mediante el esquema del impuesto sobre la renta deberían ser algunos de los primeros pasos a seguir, básicamente porque el primero daña el flujo de efectivo de las empresas y en el segundo caso las pequeñas y medianas organizaciones empresariales no tienen la capacidad de contar con equipos financieros que les permitan utilizar el actual marco legal y regulatorio para pagar una menor cantidad de impuestos, algo que si ocurre con algunas de las grandes empresas.

No se debe olvidar el hecho de que al no actuar contra la economía informal se tiene un problema adicional para las empresas que sí pagan sus impuestos y los servicios públicos que consumen, básicamente porque enfrentan la competencia desleal de aquellos que hacen caso omiso de cumplir con sus obligaciones tributarias.

El problema descrito no puede resolverse mediante mayor inversión extranjera, ya que la misma se encuentra asociada a empresas trasnacionales que a su vez detentan un poder económico dominante por su capacidad financiera y tecnológica. En realidad el camino para lograr la consecución de una mayor competencia pasa por impulsar empresas de base nacional, facilitar su financiamiento y vinculación con las universidades para con ello dotarlas de nuevas capacidades administrativas y técnicas. Lo descrito potenciaría el aumento de empresas que generarían no únicamente una mayor competencia sino que además incrementarían el valor agregado del país, todo ello en tanto el sector público mexicano termina por diseñar un mejor esquema legal para favorecer y regular la competencia.

*Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tec de Monterrey