El Senado aprobó una reforma para reglamentar las llamadas “Acciones colectivas”. La reglamentación permite promover acciones colectivas, en materia de relaciones de consumo de bienes o servicios públicos o privados y de medio ambiente, y contra servicios financieros que hayan dañado al consumidor por la existencia de concentraciones indebidas o prácticas monopólicas.

El pleno del Senado de la República aprobó el dictamen con 86 votos, y turnó la minuta a la Cámara de Diputados para su análisis.

La reforma señala que las acciones colectivas prescribirán a los tres años y siete meses contados a partir del día en que se haya causado el daño.

Las entidades que podrán ejercitar las acciones colectivas serán instancias como la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Comisión Federal de Competencia (Cofeco), el representante común de la colectividad conformada por al menos 30 miembros, la Procuraduría General de la República y asociaciones civiles.

De esta forma, los senadores avalaron la reglamentación específica para que un grupo de personas puedan promover acciones legales y amparos con el fin de reclamar derechos.

La reforma influye en siete códigos y leyes relativas a los procedimientos civiles, competencia económica, protección al consumidor, equilibrio ecológico y medio ambiente y a los servicios financieros. Los cambios a la ley permitirán generar certeza a los grupos que vean vulnerados sus derechos.

Con el aval, el dictamen reconoce el derecho de organización de los consumidores para la mejor defensa de sus intereses, lo que obedece a la condición de desventaja en que se encuentran como individuos frente a los actores con los que interactúan en la dinámica del mercado. La importancia de lo avalado se centra en que se busca reconocer las garantías fundamentales establecidas en la Constitución, y no sólo los derechos individuales sino de los nuevos derechos colectivos, llamados de tercera generación.

Hito jurídico

El senador Alejandro Zapata (PAN) destacó que se implementan libertades y derechos a favor de la sociedad, ya que por primera vez en la historia nacional se tratan derechos humanos que no se habían reconocido en el país: los colectivos.

Se define el procedimiento para que éstos se hagan efectivos, con lo que se avanza y se marca un parteaguas en la vida jurídica nacional para la protección de los derechos humanos a través de grupos de carácter social. “Es un hito jurídico en la historia nacional donde por primera vez estamos tratando derechos humanos que no se habían reconocido en nuestro país, que son los derechos colectivos”.

El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam (PRI), destacó el logro de lo aprobado pero aceptó que es una ley que tendrá que irse perfeccionando. “Tendremos que ir sufriendo las consecuencias de su uso o acostumbrarnos a su uso para que pueda tener el efecto reivindicatorio que todos buscamos. Pero podemos sentirnos muy satisfechos, fueron dos años de negociaciones con todas las partes, oímos a la academia, a los abogados, a los consumidores, a las empresas, a todos los que tenían algo que aportar, y hoy, creo, podemos coronar todo ese esfuerzo con un instrumento para los ciudadanos mexicanos del cual yo les aseguro vamos a poder sentirnos orgullosos los senadores”.

Pablo Gómez Álvarez, legislador del PRD, dijo que los primeros que van a usar estos instrumentos son las ONG, órganos que ya han hecho observaciones incluso al proyecto aprobado. “En el ejercicio de esto van a surgir muchas observaciones nuevas para poder ir afinando los procedimientos y las consecuencias de las resoluciones judiciales”, dijo.

“Estamos ubicando en el Poder Judicial una serie de cosas nuevas, será una mayor responsabilidad de este poder, estamos pasando de la época de los organismos gubernamentales de protección a los litigios en el plano judicial, con toda la fuerza que representa las resoluciones judiciales que tienen mayor solidez y el acceso directo de los ciudadanos al poder judicial en procura de que se respeten sus derechos”.