Durante la sesión ordinaria, el pleno retomó el debate de las reservas pendientes la sesión anterior.

Al votar la veintena de artículos reservados, se obtuvieron 55 votos por el sí (PRI, PRD, Convergencia y PT); 58 por el no (PAN, independientes, PVEM, Convergencia, PT) y cuatro abstenciones (PRD, PT, Convergencia).

Inmediatamente el presidente en turno de la Mesa Directiva, el priista Francisco Arroyo Vieyra, anunció un “pequeño problema de procedimiento”.

“Esta presidencia tiene en su poder la Ley en lo General aprobada, pero tiene una serie de artículos que no están aprobados. Tendríamos dos caminos en este momento, y la asamblea decidirá.

“El primero es remitir a Cámara de Diputados una parte de la Ley, que es un asunto un poco ‘kafkiano’, porque va una ley a la mitad, y la otra es preguntarle a la asamblea si se devuelve a comisiones”.

Arroyo proponía votar la devolución del dictamen a comisiones, pero protestó el senador panista José González Morfín, quien exigió poner a votación primero la devolución a la Cámara de Diputados.

“Que se vote el que se vaya la minuta aprobada a la Cámara de Diputados, lo que ha sido aprobado, y que la Cámara de Diputados le resuelva lo que quiera sobre lo demás”.

Y así se hizo, de manera nominal.

La votación era por el sí y por el no, siendo sí regresar el dictamen a la Cámara de Diputados, y por el no, regresarlo a comisiones.

La votación final fue: 62 votos por el sí, 52 votos por el no, y una abstención.

“Los artículos anteriores no forman parte del proyecto de decreto, que se devuelve como modificaciones a la Cámara de Diputados”, anunció Arroyo Vieyra.

Durante la sesión, los senadores acusaron presiones por parte de “cabilderos” de grandes empresas así como de funcionarios de Hacienda, unos para evitar que se ejerciera mano dura contra la iniciativa privada y otros para mantenerla firme.

A decir del senador Manlio Fabio Beltrones “debido a distintas presiones no dimos el gran paso para tener una legislación sobre competencia que girara fundamentalmente sobre un órgano regulador verdaderamente independiente del Gobierno”.