Nadie sabe a dónde fueron a parar o si están en un fondo que reditúe algo al municipio, señaló el abogado Javier González Gutiérrez, al plantear la necesidad de que se legisle respecto de los ingresos adicionales, no presupuestados, que reciben cada año las administraciones públicas.

Se trata de un recurso millonario que deriva de conceptos como multas, actualizaciones y recargos que se aplican a miles de particulares por causas específicas en que incurren y que son gravadas por la autoridad pero cuya utilización nunca se determina públicamente.

Sin embargo, se trata de recursos públicos que deben ser ejercidos sólo para lo que la autoridad en turno puede llevar a cabo y sin duda esto es para beneficio colectivo, nunca particular y mucho menos imprevistos determinados al arbitrio de un servidor público.

González Gutiérrez dijo que aprovechando que en breve el Poder Legislativo hará la revisión de las iniciativas de leyes de ingresos para el Estado y los municipios, es conveniente que se analice la posibilidad de plantear mecanismos de revisión sobre esos recursos adicionales.

Una vía es que cada trimestre se establezcan líneas de atención respecto de los montos ingresados a las arcas públicas por esa vía y lo que el gobierno puede llevar a cabo para su pleno aprovechamiento en acciones predeterminadas y que sean prioritarias para la comunidad.

Si tan solo en las multas por alcoholímetro el estimado es de 35 millones de pesos para el municipio, habrá que saber a cuánto asciende la cifra por el total de multas, actualizaciones, gastos de cobranza, recargos y demás que no están previstos y que sin embargo ingresan a las arcas.