De acuerdo con el proyecto de dictamen, elaborado por la Comisión de Gobernación, el nuevo sistema será ejecutado por autoridades federales y aplicará sólo a quienes tengan entre 12 y 18 años de edad al momento de cometer el delito.

La reforma contempla un catálogo de de medidas que se aplicarán a manera de sanción, pero que dejan la cárcel como última alternativa.

De acuerdo con los senadores, la intención es que los castigos estén encaminados a lograr una verdadera justicia restaurativa, de reintegración social y familiar.

La reforma establece dos tipos de medidas: las de orientación y protección, y las de internamiento.

En el primer caso, los menores quedarían obligados a prestar servicios a favor de la comunidad, reparar el daño, además de acudir obligatoriamente a determinadas instituciones para recibir formación educativa, técnica, orientación o asesoramiento.

Las sanciones también incluyen restricciones para abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, drogas, estupefacientes y demás sustancias prohibidas, o hasta la obligación de obtener un trabajo.

"Estas medidas están encaminadas a que el adolescente valore los beneficios de la convivencia armónica, del civismo y del respeto a las normas y derechos de los demás, dejan atrás la vieja concepción de la pena corporal e intentan que el adolescente participe e interactúe con su familia, comunidad y que cuente, si se necesita, con el apoyo de especialistas", se explica.

En el segundo caso, cuando se trata de "prisión", los adolescentes que cometan delitos serán castigados con internamiento, que puede ser domiciliario, en tiempo libre o permanente.