Durante los primeros meses de este año, diversas agrupaciones profesionales y empresariales trabajaron una serie de propuestas para modificar diferentes ordenamientos legales, ya que fuera de los incrementos impositivos con un mero fin recaudatorio y de la aparición de nuevos impuestos, el resto de la estructura tributaria del país se ha quedado rezagada, desde hace varios años.

Entre las propuestas del sector privado destacaban las relativas al reforzamiento del ISR y la desaparición del IETU. De conformidad con los principios internacionalmente aceptados en esta materia, el IETU no es –ni será- un impuesto de control del ISR ni tampoco tiene la característica de un impuesto mínimo alternativo del propio ISR.

No es el IETU un impuesto de control del ISR, pues la conformación de sus bases gravables, de sus momentos de acumulación de ingresos y aplicación de las deducciones y los efectos de los pagos provisionales, no guardan vinculación alguna entre sí. Tampoco es un impuesto mínimo, pues éstos se estructuran sobre la misma mecánica del tributo controlado, eliminando algunos beneficios o estímulos fiscales cuando el impuesto controlado no genera la obligación de pago.

Las cúpulas empresariales y profesionales entregaron muy a tiempo estas propuestas a autoridades y legisladores, y las mismas no fueron estudiadas o consideradas. Vamos, ni siquiera merecieron la mención de su existencia.

La única “modificación”, más o menos visible, a la Ley del IETU fue la realizada de manera remota a través de la Ley de Ingresos para limitar el acreditamiento de este impuesto contra el ISR. Este temor a no reformar las leyes que corresponden, tiene como finalidad evitar la interposición de medios de defensa por parte de los contribuyentes, en especial el amparo.

Por otro lado, la reforma fue omisa en incorporar las medidas de simplificación fiscal decretadas por el Ejecutivo a mediados de año, con el fin de darles permanencia y aclarar su alcance, sobre todo en la eliminación del dictamen fiscal. En este tema, tendremos que conformarnos con reglas administrativas que contendrán dictados contrarios a los establecidos por las leyes.

Otra definición del Congreso, -al aprobar la Ley de Ingresos- que no nos permitió ver ni un minuto de discusión por parte de los legisladores, fue la del perdón fiscal de las cuotas del IMSS para patrones que habían realizado esquemas de simulación para evitar contrataciones laborales y con ellas evadir las cargas fiscales correspondientes. Nadie abogó por los contribuyentes cumplidos y los evasores fueron debidamente premiados al condonárseles los recargos y las multas de sus adeudos al IMSS.

Parte de la razón por la que no vimos estas discusiones, como consta en los diarios de debates, se debe a que tampoco muchos diputados lograron ver los dictámenes correspondientes, pues la votación de los mismos comenzó y siguió sin que hubieran sido previamente repartidos. Algunos dirán que votar un dictamen sin haberlo leído es un daño colateral propio del fast track legislativo, pues se había acordado previamente que, en esta ocasión, el reloj legislativo no habría de permitir ni un segundo de dilación.

En suma, lo que no se vio en esta aprobación del paquete de ingresos fue al contribuyente, a la empresa, al consumidor o a las familias. Si lo que queremos es una verdadera reforma fiscal, no nos limitemos a gravar con IEPS a bebidas energetizantes. Si realmente se quiere elevar la competitividad de las empresas, más que una –prácticamente- inaplicable deducción a nuevos empleos, se debe modificar la legislación laboral. Nada de eso vimos. Lo que vimos fue un apoyo de 50 millones de pesos al teatro y de miles de millones a este interminable circo.